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La Haya

1 de octubre 2018 Columnas Profesores

Mañana se conocerá el fallo de la Corte Internacional de Justicia, relativa a la demanda presentada por el gobierno de Bolivia en contra de Chile. Una querella cuyas consideraciones y objetivos son tan inverosímiles, que inducen a poner en duda sus reales motivaciones. En efecto, la premisa de que toda disposición al diálogo de una de las partes crea “derechos” asociados a las expectativas que esos diálogos generan en la otra, tiene implicancias tan delicadas que de extenderse como principio general llevaría a redefinir todo el sistema de relaciones diplomáticas.

En este caso, la demanda en contra de Chile busca sancionarlo por el fracaso o desacuerdo en el que han concluido los distintos esfuerzos de diálogo realizados a lo largo de la historia. Se demanda entonces a Chile porque las negociaciones no han sido conducentes a los intereses bolivianos, o sea, se responsabiliza únicamente a una de las partes de la imposibilidad o incapacidad de ambas para llegar a acuerdos. Del mismo modo, la lógica subyacente en esta querella apunta a que toda disposición a escuchar, incluso a negociar de buena fe, sobre las aspiraciones de una de las partes, terminaría al final obligando a la otra a satisfacerlas.

Estos fundamentos resultan tan insostenibles, que quedaron meridianamente zanjados en la denominada “excepción preliminar” de esta demanda: se puede invitar e incluso conminar a Chile a conversar y negociar de buena fe con Bolivia, pero no se puede exigir que esa disposición tenga un ‘resultado predeterminado’, es decir, que de manera obligatoria apunte a satisfacer las aspiraciones bolivianas. Por tanto, toda esta puesta en escena sobre supuestos derechos asociados a expectativas, y el eventual “triunfo” que sería obligar a Chile a nuevas negociaciones sin resultado predefinido, sólo buscan desdibujar la cuestión de fondo: el gobierno boliviano siempre ha tenido claro que ninguna resolución del Tribunal de La Haya, ni de ningún otro organismo internacional, podrá obligar a Chile a entregar soberanía territorial contra su voluntad.

La pregunta entonces es por qué si el gobierno de Bolivia sabe que al final todo este entuerto jurídico va a ser inconducente, insiste en este camino. Y la respuesta es muy simple: la estrategia de demandar a Chile y de mantener este litigio como prioridad política, es hoy el principal recurso de Evo Morales para perpetuarse en el poder. Se ha construido un caso que ya en su excepción preliminar deja establecido que ningún diálogo, por impuesto que sea, puede obligar a Chile a ceder parte de su territorio. Pero no importa: sea cual sea el fallo, mañana Evo Morales encontrará una interpretación del mismo para declararse vencedor; precisamente por eso es en realidad importante para sus pretensiones de política interna. No es encontrar una salida soberana al mar en una negociación con Chile (lo que de paso requeriría también un acuerdo con Perú), sino usar y alimentar dicha aspiración, para seguir vendiendo ilusiones políticamente eficaces.

Chile puede estar tranquilo, ya que ninguna resolución externa podrá obligarlo nunca a cercenar su territorio sin su consentimiento. Pero debe tener claro que, después de mañana, el gobierno boliviano seguirá persistiendo en convencer a su pueblo de que ello es posible.

Publicado en La Tercera

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