En mi columna pasada señalé que la vida académica se ha transformado en una carrera contra el tiempo por publicar en “journals indexados”, aplicando criterios que pueden ser útiles para las ciencias duras o exactas, pero que difícilmente calibran la calidad y el valor de otras contribuciones intelectuales. Esto es especialmente cierto respecto de las humanidades, las que han sido obligadas a entrar en un juego de suma cero, cuyo fin es publicar por publicar (publish or perish , como se dice en inglés), marginando la reflexión pausada y de largo aliento que, en general, suele quedar mejor plasmada en la escritura de un libro que en un paper .
En estas líneas quisiera enfocarme en otro aspecto del mismo problema: la “evaluación de pares”. Nadie podría negar que los académicos deben, por razones de profesionalismo, presentar sus resultados a audiencias calificadas y, de esa forma, conocer la opinión de sus colegas sobre sus publicaciones y su calidad docente. Cada artículo o libro debe pasar primero por el filtro de los especialistas, quienes, a partir de una mirada lo más objetiva posible, son los más indicados para decidir si un trabajo merece ser publicado o, en caso de estar postulando a un fondo privado o gubernamental, si el candidato es digno de ser financiado.
El problema surge cuando los árbitros no son especialistas en el tema y, a pesar de eso, deciden, por razones que van desde el amiguismo al revanchismo, evaluar lo que se les envía. La academia está llena de este tipo de relaciones poco idóneas, y las revistas, editoriales y fondos de investigación deberían ser conscientes de ello a la hora de decidir su lista de evaluadores. Rara vez alguien que se enfoca en las independencias hispanoamericanas está en condiciones de leer con ojo crítico y
constructivo una contribución sobre la Guerra Fría o la Unidad Popular (por supuesto, lo mismo ocurre al revés).
Asimismo, cabe preguntarse hasta dónde es válido y legítimo leer un trabajo con la vista puesta más en lo que a los árbitros les habría gustado escribir que en la calidad intrínseca de la propuesta. Los evaluadores deben ser responsables y, dentro de lo posible, dejar de lado los prejuicios personales y las diferencias interpretativas (todas subjetivas, como bien sabemos). Pero también lo deben ser aquellos que están a cargo de solicitar las evaluaciones, garantizando imparcialidad, conocimiento y anonimato en las dos partes. Un ejemplo de lo dañino que puede ser el sistema ocurre con Fondecyt: al tiempo que las propuestas son enviadas con nombre y apellido, los evaluadores son anónimos. Es decir, el postulante lleva todas las de perder. Craso y anacrónico error en la era de la transparencia.

Publicada en La Segunda.