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La eutanasia y el debate sobre la autonomía

Prohibir la eutanasia activa, significa condenar a los pacientes terminales a prolongar su sufrimiento.
Francisco José Covarrubias

Francisco José Covarrubias

Master of Arts en Economía
Rector Universidad Adolfo Ibáñez
  • Master of Arts en Economía, Universidad de Navarra, España, 2004.
  • Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile.
  • Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Entre 2014 y 2024 fue Decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entre 2010 y 2014 fue Decano de Pregrado. Anteriormente, fue director del Diario Financiero.

Desde 2024 es Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez.

El anuncio del Frente Amplio de reimpulsar el proyecto de ley que legaliza la eutanasia -iniciativa que ingresó el diputado Vlado Mirosevic (PL) en octubre de 2014 y que hoy duerme en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados- vuelve a poner en discusión un tema relacionado con la autonomía personal. En este caso, permitir que quien "ha sido diagnosticado en estado de salud terminal o en estado de sufrimiento físico o mental constante e insoportable que no puede ser apaciguado por el actual estado de las ciencias médicas" pueda solicitar, si esa es su voluntad expresa, que se le ayude a poner fin a su vida. La eutanasia había vuelto al debate hace algunos meses luego que Paula Díaz, una joven de 19 años que padece una enfermedad que no tiene diagnóstico ni cura, le enviara un mensaje a la ex Presidenta Michelle Bachelet solicitando que se le permitiera practicarla. Sin la misma velocidad que en el caso de otros derechos civiles, la eutanasia se ha ido abriendo paso en el mundo. Holanda fue el primer país que la legalizó, en 2002, pocos meses antes de que lo hiciera Bélgica. Luxemburgo la incorporó a su legislación en 2009. También está permitido en Suiza, en algunos estados de Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, y actualmente en Francia se está desarrollando un intenso debate sobre este tema. A pesar de que todas las personas tenemos interés en vivir saludablemente y que cuando nos enfermamos deseamos sanarnos, se ha ido consolidando el consenso en el mundo para permitir que personas que están en pleno uso de sus facultades puedan rechazar un tratamiento que prolongue artificialmente su vida. Esto es lo que se conoce como eutanasia pasiva. Lo que se discute en este proyecto, sin embargo, es la eutanasia activa, es decir, el derecho de una persona con una enfermedad terminal o un sufrimiento incurable a solicitar que un tercero le aplique un tratamiento para morir, sin que ello tenga consecuencias penales para este último. La eutanasia activa requiere que el paciente esté "capacitado y consciente", y que formule su demanda de manera "voluntaria, reflexionada y repetida", además de estar libre de toda coacción y que se constate que sufre un padecimiento insoportable y sin esperanzas de mejoría. Todo lo anterior es muy importante para minimizar la posibilidad de manipulación de su voluntad por parte de terceros o parientes. Este es un debate que tiene que ver con la capacidad de las personas para tomar decisiones que afectan su propia vida con autonomía y sin interferencia del Estado. Paradójicamente, ciertos sectores de derecha, que suelen desconfiar del Estado y pregonan la autonomía individual como forma de actuar en sociedad, en materias como esta, que consideran "valórica", procuran que ese mismo Estado sea el que limite la libertad individual, para salvaguardar esos valores. Curiosamente, el Frente Amplio, un conglomerado que se caracteriza por subordinar permanentemente y en un amplio espectro de conductas la autonomía individual al colectivo social, es el que ha vuelto a poner este debate en el tapete. La vocera de Gobierno, sin siquiera permitir que este tema reingrese al debate nacional, señaló que no se impulsará esa iniciativa, y agregó, cerrando la discusión, que "somos defensores de la vida, del que está por nacer y de la persona, hasta su último día de vida". Es de esperar que Chile Vamos no siga el mismo camino, negándose a desarrollar una discusión abierta sobre un tema que se encuentra en el centro del derecho individual. Prohibir la eutanasia activa, como ocurre en Chile, significa condenar a los pacientes terminales a prolongar su sufrimiento en contra de su voluntad. Permitir a un individuo que termine con ese estado de cosas es un derecho que, ejercido con los resguardos del caso, mejora la situación subjetiva de quienes están en ese lamentable estado -por algo escogen hacerlo- y no produce daño a terceros. Así como es perfectamente legítimo estar dispuesto a cualquier sacrificio para prolongar la vida hasta que la muerte ocurra naturalmente, también lo es creer que una enfermedad terminal o incurable -en medio de terribles dolores e imponiendo un inmenso sacrificio económico y emocional a su propia familia- constituye una lucha perdida que no vale la pena dar. En el caso de la eutanasia, al igual que en otros, la opción liberal -admitirla- permite que cada quien opte de acuerdo a sus convicciones; en cambio, la opción conservadora -prohibirla- impone esa opción sobre todo el resto. *Columna escrita junto a Álvaro Fisher. Publicada en El Mercurio.

La eutanasia y el debate sobre la autonomía

Prohibir la eutanasia activa, significa condenar a los pacientes terminales a prolongar su sufrimiento.

El anuncio del Frente Amplio de reimpulsar el proyecto de ley que legaliza la eutanasia -iniciativa que ingresó el diputado Vlado Mirosevic (PL) en octubre de 2014 y que hoy duerme en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados- vuelve a poner en discusión un tema relacionado con la autonomía personal. En este caso, permitir que quien "ha sido diagnosticado en estado de salud terminal o en estado de sufrimiento físico o mental constante e insoportable que no puede ser apaciguado por el actual estado de las ciencias médicas" pueda solicitar, si esa es su voluntad expresa, que se le ayude a poner fin a su vida. La eutanasia había vuelto al debate hace algunos meses luego que Paula Díaz, una joven de 19 años que padece una enfermedad que no tiene diagnóstico ni cura, le enviara un mensaje a la ex Presidenta Michelle Bachelet solicitando que se le permitiera practicarla. Sin la misma velocidad que en el caso de otros derechos civiles, la eutanasia se ha ido abriendo paso en el mundo. Holanda fue el primer país que la legalizó, en 2002, pocos meses antes de que lo hiciera Bélgica. Luxemburgo la incorporó a su legislación en 2009. También está permitido en Suiza, en algunos estados de Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, y actualmente en Francia se está desarrollando un intenso debate sobre este tema. A pesar de que todas las personas tenemos interés en vivir saludablemente y que cuando nos enfermamos deseamos sanarnos, se ha ido consolidando el consenso en el mundo para permitir que personas que están en pleno uso de sus facultades puedan rechazar un tratamiento que prolongue artificialmente su vida. Esto es lo que se conoce como eutanasia pasiva. Lo que se discute en este proyecto, sin embargo, es la eutanasia activa, es decir, el derecho de una persona con una enfermedad terminal o un sufrimiento incurable a solicitar que un tercero le aplique un tratamiento para morir, sin que ello tenga consecuencias penales para este último. La eutanasia activa requiere que el paciente esté "capacitado y consciente", y que formule su demanda de manera "voluntaria, reflexionada y repetida", además de estar libre de toda coacción y que se constate que sufre un padecimiento insoportable y sin esperanzas de mejoría. Todo lo anterior es muy importante para minimizar la posibilidad de manipulación de su voluntad por parte de terceros o parientes. Este es un debate que tiene que ver con la capacidad de las personas para tomar decisiones que afectan su propia vida con autonomía y sin interferencia del Estado. Paradójicamente, ciertos sectores de derecha, que suelen desconfiar del Estado y pregonan la autonomía individual como forma de actuar en sociedad, en materias como esta, que consideran "valórica", procuran que ese mismo Estado sea el que limite la libertad individual, para salvaguardar esos valores. Curiosamente, el Frente Amplio, un conglomerado que se caracteriza por subordinar permanentemente y en un amplio espectro de conductas la autonomía individual al colectivo social, es el que ha vuelto a poner este debate en el tapete. La vocera de Gobierno, sin siquiera permitir que este tema reingrese al debate nacional, señaló que no se impulsará esa iniciativa, y agregó, cerrando la discusión, que "somos defensores de la vida, del que está por nacer y de la persona, hasta su último día de vida". Es de esperar que Chile Vamos no siga el mismo camino, negándose a desarrollar una discusión abierta sobre un tema que se encuentra en el centro del derecho individual. Prohibir la eutanasia activa, como ocurre en Chile, significa condenar a los pacientes terminales a prolongar su sufrimiento en contra de su voluntad. Permitir a un individuo que termine con ese estado de cosas es un derecho que, ejercido con los resguardos del caso, mejora la situación subjetiva de quienes están en ese lamentable estado -por algo escogen hacerlo- y no produce daño a terceros. Así como es perfectamente legítimo estar dispuesto a cualquier sacrificio para prolongar la vida hasta que la muerte ocurra naturalmente, también lo es creer que una enfermedad terminal o incurable -en medio de terribles dolores e imponiendo un inmenso sacrificio económico y emocional a su propia familia- constituye una lucha perdida que no vale la pena dar. En el caso de la eutanasia, al igual que en otros, la opción liberal -admitirla- permite que cada quien opte de acuerdo a sus convicciones; en cambio, la opción conservadora -prohibirla- impone esa opción sobre todo el resto. *Columna escrita junto a Álvaro Fisher. Publicada en El Mercurio.