Cuando uno visita las grandes ciudades patrimoniales del mundo, muchas veces queda la idea de que los conjuntos urbanos y las edificaciones siempre han estado ahí y que el grado de conservación, casi siempre envidiable, es una práctica milenaria. Sin embargo, no siempre ha sido así. Muchos cascos históricos de importantes ciudades europeas sufrieron el paso del tiempo y la degradación urbana, a tal punto que, en la segunda mitad del siglo XIX, la conservación patrimonial estaba en serio riesgo.
Y como si fuera poco, la revolución rusa, las dos guerras mundiales, y la guerra civil española, por citar algunos ejemplos, fueron no solo un duro golpe a la humanidad en cuanto a las dolorosas pérdidas de vidas, sino un período de destrucción de monumentos históricos, muchos de los cuales con resultados irreparables.
Para el caso chileno, la destrucción patrimonial ha tenido otros enemigos. Los terremotos e incendios han sido grandes destructores de los testimonios de la memoria, pero también el enemigo principal ha sido la desidia, ignorancia o simplemente falta de visión de quienes no han visto en la conservación patrimonial, un potencial de desarrollo. Sin embargo, hay que reconocer que el Estado ha sido gran responsable de promover silenciosamente la idea de que tener un patrimonio histórico es sinónimo de lastre económico injusto, y en algunos casos, hasta una tragedia familiar.
El Gran Valparaíso es un buen ejemplo de historias de pérdidas patrimoniales irreparables, muchas de ellas evitables. Por ejemplo, las grandes y bellas casonas de las calles Álvares y Viana en Viña del Mar, existentes hasta hace solo dos décadas atrás, sucumbieron sin ninguna resistencia, pese a que muchas de ellas conformaban el conjunto urbano más antiguo de la ciudad y tenían como “mérito” el que, en algunos casos, antes de dichas casas no había nada en el lugar, era literalmente el patrimonio fundacional, un bien muy preciado para cualquier ciudad del mundo, aunque haya nacido en el siglo XIX.
Y para que hablar de Valparaíso, cuyos constantes incendios nos hacen recordar que todo lo histórico que posee se puede perder irremediablemente, incluso aquellas edificaciones o barrios que, por su condición legal, supuestamente ya están protegidos.
¿Y cómo le va a Concón, Quilpué, Villa Alemana o Limache? Paulatinamente se van acercando a vivir el mismo dilema para el futuro: ¿qué es salvable y qué es reemplazable? Lo patrimonial no tiene una “norma de antigüedad o historicidad”, pero es bueno pensar estos temas mucho antes de enfrentar el riesgo de la demolición, de la pérdida definitiva. Hay que anticiparse, como lo hacen las ciudades patrimoniales europeas, pues así es la única forma de garantizar la identidad, y al mismo tiempo, de generar un activo que contribuya al desarrollo. Pero para eso hay que tener reglas claras, incentivos para los propietarios y un papel de las autoridades más proactiva y menos reactiva.
Un ejemplo: si todos hubiésemos tenido claro desde hace años, que la bella casona que albergó durante años la “Casa de Italia” debía ser conservada, no se debió haber llegado a la batalla judicial de la que todos fuimos testigos. Ahora sabemos que se salvó para la historia de la ciudad, pero también estamos ciertos que sus propietarios tuvieron una dolorosa pérdida económica. ¿Qué debió haber ocurrido? Hace un par de décadas, en tiempos de bonanza del municipio, pudo haber sido comprada como Palacio Consistorial. Hoy es difícil por la crisis económica, aunque sigo pensando que ese es su mejor destino.
Publicado en Revista Tell.