Transcurrido poco más de un mes, ya ni siquiera sorprende: la comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional aprobó un voto político para que uno de sus integrantes -el ex almirante Jorge Arancibia- no pueda participar en las audiencias públicas. La razón esgrimida es su rol como edecán naval de Pinochet entre los años 1980 y 1982, y su presunto ‘negacionismo’ frente a las violaciones a los DD.HH. ocurridas en dictadura. Pero no fue todo: en paralelo, la instancia acordó también no recibir en audiencia a organizaciones vinculadas a la derecha, entre ellas, la Fundación Jaime Guzmán y la ONG Acción Republicana.
Es legítimo no compartir el pensamiento político de Jorge Arancibia y tener un reproche ético a su papel en la dictadura; incluso puede sostenerse que su nombramiento en una instancia cuyo objeto es deliberar sobre DD.HH. es una provocación. Pero lo que no se puede es aplicarle un veto que no sólo viola el principio de igualdad entre sus pares, sino que vulnera la representación de los ciudadanos que votaron por él. Si alguien lo consideraba inhabilitado para participar del proceso constituyente, debió plantearlo antes de su elección. Y si aceptó participar con él en las mismas condiciones, no puede ahora censurar a las personas que lo respaldaron y a las que representa.
Con todo, este no es un problema personal ni con organizaciones específicas: es un asunto político. En la Convención existe al parecer una mayoría que no acepta que los votantes de derecha tienen los mismos derechos que ellos; y lo que es más grave, los consideran ciudadanos de segunda categoría, que no poseen la misma estatura moral y, por tanto, sus representantes no merecen las mismas atribuciones.
Este es el tema de fondo: la pretensión de superioridad moral de muchos de los que nunca tienen dificultades para condenar a las dictaduras de derecha, pero aplauden o guardan silencio frente a las dictaduras de izquierda. Y que hoy usan una mayoría circunstancial -por fortuna en democracia todas los son- para imponer vetos en un proceso constituyente que, se suponía, era la oportunidad para empezar a recomponer una sociedad fracturada, para construir por fin una institucionalidad que sea la casa de todos.
Pero no; el daño generado ahora se agrega a los muchos producidos en este primer mes de actividad: a las pifias al himno nacional, a convencionales que dicen estar bajando de peso por escasez de recursos, al show de los disfraces, al aumento discrecional de las asignaciones, etc. Todos, eslabones que han empezado a debilitar la cadena de la confianza en un proceso decisivo para el país, donde los que hacen su trabajo con seriedad y discreción quedan al final invisibilizados.
La intención de censurar a un convencional que está donde está porque obtuvo los votos para ello sólo se explica por un intento de revancha histórica, un ajuste de cuentas inconducente del que sólo puede salir una institucionalidad más debilitada y un país más dividido.
Publicada en La Tercera.