El valor de las acciones tecnológicas ha caído fuertemente desde hace un par de semanas. En parte esto nos muestra la relevancia de la relación entre la política y los negocios. La sustentabilidad de largo plazo de las ganancias no sólo depende del mercado y la competencia, sino también de que éstas sean aceptables políticamente. El accionar de las firmas tecnológicas deja claro que no han sabido adaptarse al cambio en el sentimiento político. Este se empieza a manifestar en procesos antimonopolio, cambios para asegurar que paguen los impuestos debidos, regulación de privacidad y uso de la información, y discusión sobre el impacto en los trabajadores de otras industrias e incluso de la misma.

El sector ha enfrentado esta respuesta política con un creciente gasto en lobby. Pero esta actitud también es cortoplacista: la presión sobre los políticos puede comprar un poco de tiempo, pero no soluciona el problema porque en algún momento los políticos tienen que responder a los votantes.

Esto no es algo nuevo. Lo vimos ya a principios del siglo pasado en Estados Unidos con la reacción política contra los grandes monopolios y conglomerados financieros que llevó a su desintegración. Sucedió también en los 1980s contra las empresas protegidas de la competencia por barreras al comercio internacional. Y los procesos antimonopolio contra Microsoft hace unos 15 años.

Tampoco es algo propio del sector tecnológico: vemos hoy cómo el éxito de las empresas manufactureras chinas sobre las norteamericanas está iniciando una guerra comercial. Este último caso, también nos muestra cómo una larga demora del sistema político en enfrentar la situación puede generar finalmente una respuesta política mucho mayor que la necesaria.