El informe de la OCDE “Panorama de la Sociedad 2016” reveló que casi un quinto de los jóvenes chilenos entre los 15 y 29 años no está empleado ni estudiando. Estas cifras ubican a nuestro país entre los con mayores problemas de integración juvenil, acercándonos a los países europeos donde los jóvenes más han sufrido los efectos de la crisis, como España y Grecia.
A pesar de las diferencias culturales, sociales y económicas entre los países que conforman la OCDE, hay un hecho común en relación con la integración de los jóvenes a la sociedad: las mujeres tienen mayores dificultades para permanecer en el sistema educacional e ingresar al mercado laboral que sus pares hombres. En promedio, las mujeres jóvenes tienen una probabilidad 1,4 veces mayor de no estar estudiando ni empleadas que los hombres. Por supuesto, esta distancia no es homogénea: mientras que en Suecia y Noruega no hay diferencias de género, en Chile, México y Turquía la probabilidad de que las mujeres no estén integradas al mercado laboral o al sistema educacional es entre dos y cuatro veces más alta que la de los hombres. En otras palabras, Chile es uno de los países con mayores brechas de género dentro de la OCDE en este aspecto.
Al indagar más detenidamente, se observa que tanto en Chile como en el resto de los países de la OCDE, esta diferencia se acentúa con la edad. De acuerdo a los datos de la encuesta Casen 2015, un 8% de los chilenos entre los 15 y 18 años no está integrado al sistema educacional ni al laboral, siendo la proporción de hombres y mujeres la misma. Pero a partir de los 19 años de edad, la distribución entre hombres y mujeres deja de ser igual: entre los 19 y 22 años, un 19% de hombres no está empleado ni estudiando, mientras que un 30% de las mujeres se encuentra en esa situación. La distancia crece entre los 23 y 25 años, con un 15% de hombres inactivos y un 32% de mujeres.
¿Por qué existe esta diferencia de género? Los factores que explican la mayor dificultad de las mujeres para incorporarse a los principales ejes de integración social tienen dimensiones culturales y familiares, como también económicas, sociales y políticas. Los principales motivos que esgrimen las jóvenes chilenas para explicar por qué no están empleadas ni estudiando se relacionan con la maternidad y las labores del hogar. La Casen 2015 muestra que un 56% de ellas afirma que no está estudiando por estar embarazada, ser madre o tener que ayudar con las labores domésticas (incluyendo el cuidado de personas), razones que apenas un 7% de los hombres menciona. Es decir, una división del trabajo inequitativa entre hombres y mujeres explica en buena parte las diferencias de género en la inactividad juvenil.
Las políticas públicas orientadas a la división del trabajo también explican estas brechas. Un claro ejemplo de ello es el impacto que tienen las políticas de posnatal y cuidado de menores. En Chile, esta política está diseñada de tal modo que, en la práctica, solo la madre trabajadora hace uso de la licencia. En países cuyas brechas de género de jóvenes que no están estudiando ni están empleados son menores, como Suecia, el posnatal provee de incentivos claros para que la licencia sea tomada equitativamente entre padres y madres. Algo similar sucede con la obligación de las empresas en Chile de proveer servicios de sala cuna a mujeres empleadas que tienen hijos menores de dos años, normativa que no existe para el caso de los hombres. Se trata de leyes laborales que dificultan la participación plena de las mujeres en la sociedad, al asignarles un rol y un costo desproporcionado en lo que se refiere a la maternidad y las tareas de cuidado. Cuando los costos laborales que pueden implicar la llegada de un hijo se distribuyen por igual entre hombres y mujeres, se eliminan las diferencias y se refuerzan las normas culturales de equidad.
Las desigualdades de género en el país, que son significativas desde la juventud, requieren cambios culturales que pueden ser apoyados y reforzados con políticas públicas diseñadas para ello. En la medida que las responsabilidades domésticas sean efectivamente compartidas por hombres y mujeres, la proporción de mujeres que están fuera del sistema educacional y laboral podría disminuir. Para ello, necesitamos políticas que promuevan la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, tanto a nivel laboral como educacional.
* Escrita junto a María Luisa Marinho de Espacio Público.