Salvo por razones estrictamente sanitarias, cualquier intento de impedir el plebiscito de octubre próximo es un completo sinsentido. En ninguna parte del mundo los eventos electorales se suspenden por causas económicas. Si así fuera, estaríamos viendo todos los años y en diversas latitudes una gran cantidad postergaciones. Si no existen riesgos de favorecer el contagio del coronavirus, el plebiscito sobre el proceso constituyente debe hacerse, porque eso fue lo que acordaron la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de gobierno y oposición.
Pero el plebiscito de octubre no solo debe realizarse, también es bueno que se haga. Si lo que se busca es acotar en el tiempo la incertidumbre que todo proceso constituyente implica, es un total contrasentido dilatarlo una y otra vez. Si, peor aún, lo que quieren algunos sectores es aprovechar el dramático cambio de agenda impuesto por la pandemia, para borrar con el codo lo que se firmó con la mano en noviembre pasado, sería más honesto que lo plantearan abiertamente. Es cierto que el acuerdo fue generado en condiciones de extrema violencia, pero eso no le resta fuerza imperativa al compromiso que en esas circunstancias adquirieron los actores que concurrieron a él.
Hay además otra razón todavía más de fondo para continuar con el cronograma establecido: Chile no puede seguir arrastrando indefinidamente un desacuerdo sobre la legitimidad de su Constitución. Llevamos demasiado tiempo trabados por ese disenso histórico y finalmente se acordó la instancia para abordarlo, un plebiscito donde todos los ciudadanos podrán pronunciarse sobre ese desacuerdo. Los que consideran que la actual Constitución es ilegítima o, no llegando tan lejos, creen igualmente que el país requiere una nueva, votarán apruebo. Los que consideran que la actual Constitución es legítima o, al menos, ha sido eficaz y debe mantenerse, podrán optar por el rechazo. Es decir, aunque resulte una obviedad destacarlo, el plebiscito de octubre no obliga a iniciar un proceso constituyente, ni tampoco obliga a nadie a pronunciarse sobre él, solo su resultado es un mandato soberano.
Es bueno que por fin los chilenos resuelvan este desacuerdo tan problemático en diversos aspectos políticos e institucionales. Decidirán concurriendo o no a votar, y los que lo hagan tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el inicio del proceso constituyente. A su vez, a las fuerzas políticas -a todas- no les quedará otra alternativa que acatar los resultados y, más importante aún, el país tendrá que asumir cada una de las consecuencias que implique iniciar o desechar un proceso constituyente en las actuales circunstancias. Nadie podrá alegar después desconocimiento de las oportunidades y riesgos que cada una de estas opciones traía consigo.
Que los chilenos debamos hacernos cargo de los efectos y de las consecuencias de una decisión de esta trascendencia, tomada en las actuales condiciones y no en otras hipotéticas, es quizás el mayor valor de lo que terminará de decidirse el próximo 25 de octubre.
Publicada en La Tercera.