“Lo que hay es una crisis del pacto social entre la ciudadanía y los poderes del Estado”, dijo el expresidente Ricardo Lagos Escobar, a casi tres meses del estallido social del 18 de octubre pasado y luego de que la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) sufriera el episodio más caótico de su historia: pospuesta dos veces para “garantizar” que se realizara en “óptimas” condiciones, finalmente el llamado de los propios jóvenes a boicotearla terminó en que los 200 mil alumnos inscritos vieran afectada total o parcialmente su rendición.

¿Error de cálculo? Así pareciera ser. Porque pese a que el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCH), Aldo Valle, aseguró que este sería el último año en que la PSU se aplica como está hoy y admitió que “no hemos sido indiferentes a las críticas de los estudiantes”, lo cierto es que la actuación de las autoridades –una vez más- fue a destiempo, errática e insuficiente.

Porque no había que ser adivino para darse cuenta de que solo esperar a enero no era una medida suficiente para garantizar la normalidad del proceso. En un país azotado por una crisis social nunca antes vista desde el regreso a la democracia, con jóvenes que han sido precisamente los que han liderado la crítica, el escenario que se produjo no era poco previsible. Sobre todo, porque no fue precisamente una convocatoria hecha en secreto que apuntara al factor sorpresa, sino que el llamado a boicotear la PSU, en redes sociales, era absolutamente masivo y público.

Nuevamente, la institucionalidad pecó de un exceso de ingenuidad u optimismo, pensando que aquellos emplazamientos de los jóvenes no llegarían a puerto. O de falta de mirada prospectiva, que les permitiera advertir que lo que se venía era serio.

Y todo terminó de la misma forma como ha venido finalizando cada evento desde el 18 de octubre: con medidas parche, tomadas sobre la marcha, como eliminar la rendición de la prueba de Historia y reagendar nuevamente el periodo de postulaciones y, por ende, el ingreso a clases.

De hecho, las palabras del subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, en cuanto a que “la solución es la menos mala, dada las condiciones actuales”, bordean derechamente la inoperancia. Si los jóvenes habían advertido en todos los tonos que boicotearían la prueba, ¿no habría sido esperable que se tomaran decisiones antes de y no ex post? Y si, como admitió Aldo Valle, las autoridades estaban al tanto de las críticas, ¿no era lógico que se reaccionara antes de que se incendiara la pradera?

El fondo del problema está precisamente en lo que manifestó el expresidente Lagos. El pacto social –aquel acuerdo planteado por Jean Jacques Rousseau y varios otros autores- está absolutamente dañado hoy en Chile. Solo gracias a este acuerdo es que todos quienes formamos parte de un Estado concordamos en ciertas normas para poder vivir en comunidad y, a la vez, reconocemos la existencia de una autoridad que nos gobierne. Ahora, en cambio, el Ejecutivo y las autoridades en general están sobrepasados y no son capaces de garantizar la gobernabilidad.

En este escenario, el gobierno, el CRUCH y el Ministerio de Educación parecen no querer ver lo que es evidente. En este agonizar del pacto social, la PSU era vista como otra muestra de la inoperancia de un Estado que no está leyendo a la ciudadanía y que solo reacciona ante los focos de estallido, una vez que suceden. Y así fue, una vez más.

La institucionalidad, tanto en este caso como en todo lo que ha rodeado el estallido social, hoy está en un estado agónico, en el que las autoridades, no son capaces de tomar decisiones (aun cuando estas puedan ser impopulares), no tienen la fortaleza ni la claridad para actuar de manera prospectiva, ni para evitar que la violencia y el estallido sigan convirtiéndose en la regla –basta ver los disturbios que continúan en distintas partes del país día a día- y no son capaces de garantizar la “normalidad” para los ciudadanos. El Estado está paralizado.

A partir de lo sucedido con la PSU, Lagos afirmaba que “una vez que se toma una decisión con los órganos competentes, se supone que en la sociedad se va a respetar, porque o si no, estamos en el caos”. Y el problema está precisamente ahí: en que el gobierno y la institucionalidad siga creyendo que aquí no pasa nada y que las determinaciones que se tomen se van a respetar. Mientras el pacto social siga cuestionado y la autoridad continúe siendo incapaz de tomar decisiones, precisamente el caos va a seguir siendo la regla, aunque la PSU se siga posponiendo per secula seculorum.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.