El reciente estudio realizado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP) sobre gasto público social en la pandemia buscó comprender la eficiencia y la efectividad del gasto para mitigar los efectos producidos por el COVID-19 en los hogares chilenos. El objetivo principal de esta investigación era proponer recomendaciones que permitieran mejorar el diseño e implementación de políticas públicas focalizadas, en un contexto de crisis económica.

La investigación demostró que el Estado tuvo problemas para focalizar ayuda social a los hogares.  La explicación para dicha ineficacia e ineficiencia radica en la presencia de altos niveles de informalidad laboral y en la inexistencia de una infraestructura de datos integrada en Chile. Pese a contar con el Registro Social de Hogares (RSH), la información no se encuentra constantemente sincronizada con fuentes primarias de información. También, la existencia de mucha población no inscrita en el RSH en el periodo pre-pandémico, agudizó la ineficacia e ineficiencia de la asignación. Con estas limitaciones, a la hora de asignar bonos, se hizo en base a un auto-reporte de ingresos, lo que introdujo múltiples sesgos.

Simultáneamente, la evidencia comparada muestra cómo países con un sistema integrado de datos estatales en el periodo previo a la pandemia, como Canadá y Nueva Zelandia, lograron llegar más rápido y con más precisión a las familias más vulnerables.

La evidencia con que hoy contamos vuelve a subrayar la necesidad impostergable de crear una infraestructura de datos integrados y seguros para Chile. Ésta permite asegurar un uso responsable y transparente de datos públicos, utilizando éticamente el conocimiento existente en la academia y la sociedad civil, para mejorar la calidad de las políticas públicas a partir de los datos. Hemos tenido avances en este gobierno y en las administraciones anteriores. Ahora se requiere de la colaboración de diferentes actores sociales para sacar adelante esta política pública.

Con este objetivo hemos conformado un consorcio entre universidades nacionales, para impulsar la creación de una infraestructura integrada y segura de datos en Chile. Con una mirada de largo plazo, buscamos contribuir con soluciones concretas a los problemas estructurales que la pandemia ha evidenciado en torno al acceso, calidad, y uso de datos en las políticas públicas. Valoramos que una institución tan importante para el desarrollo del país como la Comisión Nacional de Productividad abogue por la creación de una infraestructura de datos integrada (IDI). Asimismo, valoramos que el programa de gobierno del presidente electo Gabriel Boric también lo proponga. Ambas son buenas noticias que abren un camino para que finalmente Chile implemente una política esencial para promover el bienestar social.

La creación de una infraestructura integrada y segura de datos requiere del compromiso de una coalición amplia de personas, instituciones y del Estado. Se trata de una tarea tan relevante como compleja.  Además de las buenas intenciones, es necesario contar con un marco legislativo y con un decidido apoyo estatal para poder impulsar esta política cuya ausencia nos ha condicionado al momento de buscar soluciones efectivas a los problemas sociales que tanto nos duelen.

*Publicada en La Segunda  junto a Juan Pablo Luna, profesor titular de la Escuela de Gobierno UC y del Instituto de Ciencia Política, e investigador asociado del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, y David Bravo Urrutia, Director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.