Aumentar los impuestos al tabaco no debe ser visto solamente como una herramienta para llenar las arcas fiscales. Los impuestos al tabaco salvan vidas, reducen los gastos en salud que miles de ciudadanos realizan de su bolsillo o que financia el Estado para atender la enorme cantidad de enfermedades que produce el cigarrillo.

Se ha estimado que unos 72 colombianos mueren al día y que el país gasta alrededor de 2.300 millones de dólares como consecuencia del consumo de tabaco. Esta carga es mayor para los hogares más pobres, que en Colombia tienen un consumo relativamente alto. Ellos son los que gastan proporcionalmente más y, al tener un estado de salud general más endeble, son los que más sufren las enfermedades producidas por el consumo.

Existe evidencia internacional contundente, tanto para países desarrollados como en desarrollo, de que aumentar impuestos al tabaco es la herramienta más efectiva para reducir el consumo, promover la cesación y evitar que los jóvenes inicien esta adicción. Y existen ejemplos cercanos exitosos.

El caso de Chile es uno de ellos. En Chile, el precio real del tabaco aumentó un 147 % entre el 2006 y la actualidad, principalmente influido por cambios en el impuesto al tabaco (tres incrementos entre el 2010 y el 2014), llevando la carga impositiva al 81 % del precio total de los cigarrillos. El resultado ha sido que la prevalencia de uso en el mes de tabaco en la población general cayó de un 42 % en el 2006 a un 34 % en el 2014. Entre los jóvenes, donde Chile tiene prevalencias altísimas a nivel mundial, dicha prevalencia bajó de un 41 % en el 2005 a un 27 % en 2013.

Claramente, subir precios funciona y hace bajar el consumo, sobre todo entre los jóvenes. Lo mismo podría afirmarse de países tan diversos como Uruguay, Australia y Sudáfrica, que en relativamente poco tiempo aumentaron sus impuestos y disminuyeron fuertemente la prevalencia de consumo de tabaco.

¿Qué efecto tuvo eso sobre el contrabando? Ninguno. En Chile el contrabando de cigarrillos está en torno al 3 % del mercado total (o sea que es mínimo) y se ha mantenido estable incluso después de los aumentos de precios. Y esto es lo que también muestra la evidencia internacional: el contrabando no tiene por qué aumentar con incrementos en precios, que deben estar acompañados con mejoras en la fiscalización.

En el caso de Chile se está por implementar un sistema de trazabilidad que permitirá fácilmente distinguir entre cigarrillos legales e ilegales, haciendo más costoso el contrabando. Ecuador y Brasil ya han implementado tales sistemas con excelentes resultados.

Aún más, Colombia tiene la posibilidad de comprometerse firmemente en la lucha contra el contrabando al ratificar el Protocolo para Eliminar el Comercio Ilícito en Productos de Tabaco, que es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente para tal fin.

La discusión pública sobre cómo combatir un flagelo sanitario como el consumo de tabaco no puede realizarse bajo la amenaza del contrabando. Primero porque, ‘a priori’, no hay evidencias de que el incremento de precios conlleve necesariamente un aumento del contrabando. Segundo, porque Colombia puede adoptar una serie de medidas efectivas para disminuir el contrabando de productos de tabaco. Tercero, porque a nivel internacional se sabe que son las mismas tabacaleras las que realizan y facilitan el contrabando de tabaco: ya han sido condenadas por ello en tribunales canadienses, estadounidenses y europeos. Ceder ante tal amenaza sería lamentable desde un punto de vista moral y con consecuencias en mala salud y pérdida de años de vida para miles de colombianos.