Tal como ha ocurrido muchas veces antes, frente al aumento en el precio del petróleo, que provocó un alza en el precio de los combustibles, muchos salieron a pedir la eliminación del impuesto específico. Pero hacerlo sería un error.
A nadie le gusta pagar impuestos, pero están los que son óptimos y uno quisiera tenerlos siempre, incluso si no necesita la recaudación. La razón es que mejoran la eficiencia en la asignación de recursos, al reducir externalidades negativas. Aunque sea repetitivo decirlo, el impuesto a los combustibles es precisamente uno de ellos. El consumo del petróleo y sus derivados está directamente asociados a una mayor contaminación, congestión y accidentes de tránsito. En el caso de los camiones, no sólo contaminan y congestionan más, sino que destruyen los caminos.
Contrario a lo que muchos creen, el impuesto a los combustibles no se creó en 1986 para financiar la reconstrucción después del terremoto de 1985, sino que existe desde el 9 de junio de 1948, cuando la ley 8.918 estableció un impuesto de $0,16 por litro.
Lo que sí ocurrió en 1986 fue que se introdujo una tasa de impuestos menor para el diésel que para las gasolinas. Esa diferencia, que era originalmente de solo 0,5 UTM por metro cúbico, ha aumentado hasta llegar a la actual de 4,5 UTM a favor del diésel (1,5 UTM versus 6 UTM).
Esta diferencia genera una distorsión en favor de los camiones y los automóviles con motor diésel que debería eliminarse, ya que este combustible es mucho más contaminante; distorsión a la que, además, hay que agregar el hasta 80% del impuesto al diésel que se devuelve a los camioneros, con lo que no se cumple el principio de “quién contamina paga”.
Los insumos productivos como el diésel tienen que tener el precio correcto, el cual incluye las externalidades que generan; cosa que hoy no ocurre. Lo adecuado sería igualar la tasa de impuesto a las gasolinas y al diésel, y además dejar de devolver el impuesto pagado.
¿Por qué razón se mantiene e incluso aumenta esta distorsión en el tiempo? La respuesta es muy simple: los camioneros son un grupo de presión poderoso, al que todos los gobiernos temen. Es así como con el paro que hizo la Confederación Nacional de Dueños de Camiones en 2008 consiguieron un aumento en la devolución del impuesto.
Sin duda, siempre van a existir grupos de presión, pero el Estado tiene el deber de hacer lo que es correcto para el bien común, y ese creo que es hoy uno de los mayores desafíos para las políticas públicas en Chile.
Publicada en La Tercera.