Durante las últimas siete semanas, Chile ha estado envuelto en humo. Las calles, negocios y también medios de comunicación, entre otros, se han convertido en frecuentes objetivos para grupos violentistas, que no han dudado en saquear y prender fuego a todo lo que se les ha cruzado.

Las calles también se han transformado en un triste espectáculo, donde algunas zonas de Valparaíso, de Viña y del centro de Quilpué (sin mencionar Santiago) se han convertido en una surrealista imagen, confundible a ratos con Siria o cualquier país de medio oriente en guerra, a partir de las barricadas que aparecen y desaparecen, con una rapidez impresionante, seguidas de enfrentamientos entre carabineros y manifestantes que nunca terminan de buena forma.

En este escenario kafkiano, gran parte de las vías por las que transita la ciudadanía de nuestra región perdieron sus semáforos. Y la ley de la selva es la norma para los transeúntes y conductores. No en todas partes eso sí. Mientras en cualquier país normal la policía o guardias municipales se encargarían de controlar el tránsito en una situación así, en Quilpué, por ejemplo, son grupos de jóvenes punk los que están hoy dirigiendo a los conductores, a cambio de algunas monedas.

Lo que se ve en la región es mucho humo. Una cortina que ha sido el telón de fondo de un drama nacional mucho más impactante y duro: durante estos 44 días, más de once mil personas han sido atendidas por servicios de urgencia –según el informe entregado por Humans Right Watch (HRW)- por lesiones producidas en las manifestaciones. Se han presentado también más de 400 querellas en contra de fuerzas de seguridad por lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios. Parece un triste deja vu hacia la década del 70, en plena dictadura.

Más surrealista aún. Pocas horas después de que estas noticias salieran a la luz y de que el representante de HRW, José Miguel Vivanco, se reuniera con el Presidente Sebastián Piñera, el martes en la mañana, al anochecer de ese mismo día el país vivió una de las jornadas más violentas que ha habido desde el 18-0.

Ese día, Fabiola, una mujer de 36 años que esperaba micro en San Bernardo para ir a su trabajo, recibió de lleno una bomba lacrimógena de carabineros en el rostro. Al parecer, perdió la visión de ambos ojos. Y una clínica capitalina dio el alta a Gustavo Gatica, joven que también quedó completamente ciego, también por el actuar de la policía uniformada. Ellos dos son los íconos de un drama que se extendió como mala hierba en Chile: según la Sociedad Chilena de Oftalmología, alrededor de 230 chicos y chicas han sufrido daño ocular en 44 días de crisis. O sea, algo así como 5,2 personas que han recibido impactos en sus ojos por cada día de protesta. Escandaloso y triste.

¿En qué país nos hemos convertido? ¿Qué pasó que de la noche a la mañana pareciera que todos los desestabilizados, del lado que se quiera, salieron a la calle al mismo tiempo? ¿En qué momento la marcha pacífica y la necesaria lucha por los derechos se convirtieron en muertos, torturados, mutilados, saqueos, incendios y barricadas por doquier? Pareciera que todos nos volvimos un poco locos de la noche a la mañana.

En este escenario, cobran sentido las palabras de varios parlamentarios en torno a la necesidad de darse un respiro, una tregua, como país. La situación no da para más, qué duda cabe.

Luego de casi un mes y medio de protestas la clase política ya se siente más que notificada de que debe haber un cambio y el trabajo en esa línea ya se comenzó a hacer. De hecho, el acuerdo por la paz y la nueva Constitución fue una muestra de aquello.

El problema está en que el ritmo con el que trabaja el Parlamento no necesariamente se condice con la rapidez que pide la calle. Así, la agenda social irá viendo la luz poco a poco, en la medida que los proyectos avancen en el Congreso. Y la nueva Constitución deberá pasar por un largo trabajo antes de que sea una realidad palpable, con un largo intercambio de diferencias entre oficialismo y oposición: desde ya, si habrá cuota de mujeres, de etnias, de independientes, etc. Lo claro es que hoy ponerse de acuerdo no es una alternativa. Es una obligación.

La tregua es necesaria para poder hacer ese trabajo. La violencia desconcentra a los parlamentarios y todo Chile de la tarea a cumplir. Apagar la crisis es hoy la meta. La imagen debiera ser casi como cuando se reúnen los cardenales para elegir un nuevo Papa: nadie debiera dedicarse a otra cosa antes de que el humo que hoy vemos en las calles, se transforme en humo blanco.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.