Se viene asentando en las últimas décadas la noción de que el bienestar de las personas no solo es un concepto profundo sino también multivariado. Cualquier balance de los niveles de vida en un país debe considerar el mayor abanico posible de indicadores; sobre todo, ir más allá del PIB per cápita, tan desacreditado últimamente, y con justa razón, por su carácter reduccionista. Indicadores alternativos tales como violencia interpersonal, estatura y estado nutricional de la población, salarios reales de trabajadores no calificados, entre muchos otros, ganan aceptación no solo en la academia sino también en organismos internacionales (como la OECD, la OMS, la FAO) y gobiernos centrales.
Entre los nuevos indicadores de bienestar más considerados por la OECD se encuentra la tasa de homicidios (número de homicidios por cada 100.000 habitantes), como proxy de la violencia interpersonal imperante en un país. Se cree que, en cualquier población para esta tasa resultan determinantes las siguientes variables, entre otras: tasa de pobreza, distribución del ingreso, policías por habitante, penas asociadas al crimen violento, nivel educacional de la población, porcentaje de hombres jóvenes dentro de la población total, tasa de urbanización, percepción de legitimidad de las autoridades (y de la policía), tasa de alcoholismo, nivel de alumbrado público y armas por habitante.
Adicionalmente, se considera a la tasa de homicidios como la mejor medida del nivel de seguridad personal de cualquier país. Sociedades con menores tasas de homicidios normalmente disfrutan de mayores niveles de bienestar: su capital social aumenta. En sociedades violentas el capital humano es menor, así como la autonomía de la mujer y de los niños, que ven particularmente restringida su capacidad de libre movimiento. La sensación de inseguridad o, peor aún, de la posibilidad de ser víctima de un crimen violento, indudablemente atenta contra el bienestar de las personas. Países con altas tasas de homicidios deben realizar gastos adicionales para combatirla, en lugar de destinar dichos recursos a un mayor gasto social.
La disyuntiva recién descrita es particularmente relevante para el actual gobierno en Chile, el avance de cuyo programa se ha visto obstaculizado en estos primeros meses por la agenda de seguridad. El tema incluso tomó buena parte de la atención de la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, quien anunció un severo proyecto de control de armas. En la cobertura de medios, una serie de asesinatos recientes —en Santiago y regiones— ha tenido además amplia cobertura. Y, en efecto, existe una sensación generalizada en la opinión pública de que la violencia interpersonal ha ido en aumento en los últimos años en Chile. ¿Qué tan cierto es esto?
Hasta la fecha no existían estudios de largo plazo sobre la evolución de la tasa de homicidios en Chile, que permitan poner en perspectiva histórica los actuales niveles y tendencias al respecto. Nuestros recientes resultados de investigación se resumen en el siguiente gráfico.
La imagen muestra que la tasa de homicidios en Chile era extraordinariamente alta a fines del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, esta comenzó a caer ligeramente desde los años ‘30, y con más fuerza durante ‘50 y ‘60. El periodo de industrialización dirigido por el Estado (c.1930s-1960s) fue el más positivo, y coincide con la emergencia del Estado de bienestar en Chile, caídas en las tasas de pobreza, aumento de gasto social y del sufragio ciudadano, mayor legitimidad de las instituciones públicas, modernización del aparato estatal, y mejoras en salud y educación. El país disfrutó desde entonces de tasas de homicidio relativamente bajas para su propia historia y en comparación con países de ingreso medio.
El retorno a la democracia en 1990 no produjo mayores variaciones en la tendencia. No obstante, en los primeros años del siglo XXI hubo un claro y fuerte aumento en la tasa de homicidios en Chile, un fenómeno poco destacado tanto por la literatura previa como por la prensa nacional. A pesar de una nueva tendencia decreciente (entre circa 2008 y 2019), las tasas promedio de homicidios de las últimas dos décadas casi duplicaron las de los años ‘60 y ‘90. Así, el aumento de la violencia interpersonal en Chile no es cosa de los últimos dos años, sino de los últimos tres/cuatro lustros.
Respecto de la coyuntura actual, aún cuando las cifras disponibles desde el INE llegan solo hasta 2019, cifras más recientes reportadas por diversos organismos —como el Ministerio Público de Chile (Fiscalía Nacional), el Centro de Estudios y Análisis Delictual y/o por el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros—, que no son exactamente comparables a las del INE, sugieren que la tasa de homicidio en 2020 y 2021 se habría incrementado con fuerza, en alrededor de un 50% comparado con el bienio anterior (cuando fue excepcionalmente baja).
Si bien es cierto que las actuales tasas de homicidio en Chile (último bienio) se ubicarían muy por encima de lo registrado en el bienio inmediatamente previo, las mismas estarían en niveles similares a las tasas de homicidios experimentadas por nuestro país durante la mayor parte de lo que va del siglo XXI. No obstante lo anterior, de mantenerse la actual tendencia (creciente y acelerada), Chile podría volver a registrar tasas de homicidio no vistas desde mediados de los años ‘50, cuando el promedio para la década fue de 6,0. Nadie espera llegar a eso, pero el aumento del narcotráfico, del uso y consumo de armas, así como la creciente deslegitimación de las policías y las instituciones políticas tampoco dejan mucho espacio para el optimismo.