En los últimos días se ha generado una avalancha de opiniones relativas a los problemas de género. Un lúcido estudio de Gusfield (La cultura de los problemas públicos) señala que para que exista un problema público es necesario que determinada situación genere un proceso de concientización y preocupación social que convoque la acción de los funcionarios públicos y las instituciones públicas y a la reacción o movilización social. El problema público existe cuando la sociedad toma conciencia de que “algo hay que hacer”. Y, como se ve, si quienes impulsaron esta preocupación logran mantener concientización, funcionarios en movimiento y movilización evidenciadora ¿estaremos frente a un verdadero problema público?
Hasta ahora el problema era perceptivo, intuitivo, pero con pocos datos, y con una reacción paternalista por parte de la cultura de nuestra sociedad, en los más diversos ámbitos, el universitario, el laboral, el profesional, el empresarial, etc. Pero la diferencia se produce porque el anonimato ha sido reemplazado por los datos. Es que sin información sólo hay intuición. Con datos las patologías de la sociedad terminan por mostrarse en lo que son, enfermedades, y las reacciones que puedan enfrentar su tratamiento son, en los hechos, una oportunidad para materializar deberes culturales y leyes que terminen por colaborar en su mejoría.
Veamos algunos de estos datos. En gestión superior universitaria, un diario nos advierte que sólo 17 mujeres ocupan cargos directivos en las universidades mejor ranqueadas. La hoy Comisión para el Mercado Financiero nos dice que conforme a los indicadores que surgen de las Normas Generales 385 y 386, en el año 2016 sólo el 6,4% de los directorios de empresas que listan en la Bolsa de Valores eran mujeres (13 mujeres) y sólo el 20,2% eran gerentas, sin que ninguna mujer presidiera directorios de estas empresas. Al menos hoy existe una mujer que preside el directorio de ENAP y ojalá dicha práctica pueda expandirse en alguna sociedad privada. Pero esta patología no es exclusiva de nuestro país, ya que en la región de 139 sociedades que listan valores en bolsa, sólo hay 109 mujeres en directorios, que equivalen al 7,2% del total de directores y sólo el 2,1% de los presidentes de directorios son mujeres (Women in theboardroom, Delloite). Otros datos que resultan relevantes, impactantes e indignantes, son aquellos que desnudan la desigualdad de género medida en brechas a lo largo del ciclo de vida que da cuenta de que el verdadero deterioro se produce cuando la mujer está alcanzando el fin de su ciclo laboral (Informe GET, BID) ya que si la brecha entre hombres y mujeres alcanzaba un 32,7% a los 49 años, este supera el 53,3% a los 60 años.
En muchos países, estas diferencias y su disminución y extinción, se han confiado a la ley que con rigurosidad ha impuesto muchas veces mecanismos de acción afirmativa para que los sectores donde se decida la intervención (público y/o privado) incorporen a la mujer (sea en Directorios, parlamentos, ministerios, profesiones, etc.). Muchas de estas intervenciones han sido temporales y en muchas ocasiones ellas han considerado beneficios económicos a quienes se allanen y adelanten en el cumplimiento del propósito previsto por el legislador. En Chile un ejemplo de este mecanismo está plasmado en la ley 20.840 que sustituyó el famoso binominal. Ahí se incorporó un principio de equilibrio en lo que dice relación no con los curules parlamentarios, sino que en la puerta anterior, es decir, en las listas de candidaturas de los partidos: ningún sexo podrá superar el 60% de las candidaturas y, a su turno, se otorga un reembolso adicional para las candidatas mujeres para el gasto electoral. El resultado de esta intervención es evidente -contra el augurio de quienes avizoraron su fracaso-. Los resultados hablan por sí solos, el año 2013 hubo 12 candidatas al Senado y 91 a la Cámara, el año pasado 54 al Senado y 397 a la Cámara. En materia de electas, hoy la proporción de mujeres electas es de 22,6% en la Cámara y de 23,3% en el Senado, frente a un 15,8 para ambas Cámaras el año 2014. Como se ve el impacto de la ley fue geométrico en los resultados reales de composición parlamentaria (ver Representación Política, PNUD).
Otro vehículo es cultural, está en nuestras propias manos. Hay en España, por ejemplo, un movimiento universitario que con fuerza toma sentido en la intervención de los académicos. Estos se han propuesto no acceder a la integración de ningún panel, jurado o actividad colectiva donde al menos no se encuentre una mujer presente en lo que corresponda. Que fácil es preguntar si hay una mujer en el panel y, si no la hay, declinar la concurrencia. No necesitamos ley para ello, salvo doblegar la ley natural de nuestras vanidades que muchas veces nos apura a aceptar sin escudriñar.
Es cierto, como decíamos al principio, los problemas públicos a veces aún no están maduros porque la regla de equilibrio de su sostenibilidad aún es muy débil y, en otras ocasiones, la captura de intereses de los que siempre quieren salir en la foto -partidos que sienten ser los llamados exclusivos para conducir los fenómenos públicos o que creen ser los “dueños” de aquellas banderas-, termina por ocultar y amagar el síntoma que da el espacio para su instalación. Es cierto, hoy estos eventos han tenido el impacto para incidir en protocolos que eran necesarios, reformas legales y constitucionales que se alinean con ellos, pero eso no es suficiente para su permanencia. El cambio verdadero requiere una labor continua que penetre más en la verdadera inequidad que en el fondo existe entre los géneros, no sólo en razón de la dignidad de todas las personas, sino que, esencialmente, porque desconocemos la productividad real de la mujer en el equilibrio de las decisiones de la sociedad.
Publicado en El Mercurio.