El 8 de marzo, “Día internacional de la Mujer,” nos invita a reconocer y reflexionar sobre “los logros y desafíos pendientes en los derechos de la mujer y en la igualdad de género”. Un aspecto relevante es la igualdad económica, donde el empleo femenino juega un rol crucial, además de significar una reducción de la pobreza infantil y a nivel de hogares.
Previo a la pandemia, nuestro país estaba mejorando la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres: la proporción de mujeres en el mercado laboral aumentaba y la brecha salarial disminuía. Entre las políticas públicas que contribuyeron a reducir dichas diferencias están aquellas que ampliaron la cobertura educacional (en todos los niveles), el aumento de la escolaridad, la extensión de la jornada escolar, y las diversas políticas de cuidado para niños y niñas de diferentes edades.
La pandemia destruyó muchos de los avances logrados: en el primer mes de aislamiento, las tasas de empleo y participación laboral femeninas retrocedieron 10 años, y aún no se recuperan totalmente. Los años 2020 y 2021 dejaron en evidencia que el factor más relevante para el empleo femenino es el cuidado de los hijos, suponiendo que el cuidado de hijos está concentrado en las madres, ya que el cierre de colegios y jardines infantiles durante las cuarentenas incompatibilizaron el trabajo remunerado y el cuidado de los hijos en el hogar.
La pandemia demostró también los sesgos culturales e ideológicos que existen en las políticas enfocadas a conciliar el trabajo y la familia. Los “deberes de las madres” subyacen el enfoque que ha tenido la política pública sobre el trabajo femenino. Así, con o sin querer, se aleja el objetivo de la igualdad de género en el mercado laboral y más allá de éste. El debate público y constitucional instaló también la pregunta: ¿qué será necesario para retomar la senda de una mayor y más igualitaria presencia de las mujeres en el mundo laboral? Esta cuestión exige replantear nuestro entendimiento de las responsabilidades de cuidado entre el Estado y la familia, y al interior de las familias entre padres y madres.
En el sistema actual, la provisión de cuidado infantil tiene un enfoque sectorial. Por ejemplo, la discusión de la llamada ley de sala cuna universal está detenida en la Comisión de Educación del Congreso, entramada porque nació como una política laboral que no conversaría con la educacional que pide un trato equivalente a los establecimientos parvularios. Considerando al sistema educacional, la educación parvularia, correspondiente a niños entre 0 y 5 años, tiene diez diferentes tipos de proveedores (salas cunas y jardines JUNJI, INTEGRA, escuelas municipales, particulares subvencionadas, particulares, entre otros). Cumplidos 6 años, niños y niñas ingresan a establecimientos de educación básica. Si bien ambos niveles son regulados por el Ministerio de Educación, las respectivas agencias y directrices no conversan entre sí, ya que las políticas obedecen a objetivos educacionales propios de cada ciclo.
Un ejemplo son los horarios de los colegios y jardines, fijados por cada establecimiento, y que frecuentemente no son compatibles con jornadas laborales. En la Región de Valparaíso, por ejemplo, el 90 % de colegios de educación básica ofrecen jornada escolar completa en al menos uno de sus cursos, pero solamente un 20 % de salas cunas y jardines infantiles. Las vacaciones escolares significan casi tres meses durante los cuales los niños y niñas no van a la escuela. Las salas cunas privadas sí los reciben, pero no así las públicas. Para trabajar, una madre con hijos pequeños debe ser capaz de coordinar su horario laboral con los horarios de salas cunas, jardines infantiles y/o colegios, además de asumir los costos de traslado entre ellos.
¿Podríamos imaginar un país con políticas públicas de cuidado infantil que estuvieran enfocadas en las familias? Por cierto, por largo tiempo éstas se basaron en el modelo del hombre trabajador y proveedor del hogar. Actualmente, sería ingenuo suponer que no existe un modelo subyacente en las políticas laboral y de cuidado infantil, ni tampoco que el tradicional ha sido reemplazado por uno dual en que padre y madre trabajen. Por esto, un primer esfuerzo por integrar las políticas y servicios de cuidado infantil requiere identificar cómo estamos comprendiendo a las familias.
Asimismo, los mecanismos de cuidado infantil no son equivalentes, no da lo mismo a cuál tipo de servicio se accede. Ahí estaría incubándose una desigualdad de base que acompañará a niños y niñas a lo largo de su desarrollo. Por tanto, en la anterior reflexión hay que considerar también la relación entre la oferta de servicios de cuidado y las necesidades propias de niños y niñas, y las de sus familias. ¿Cómo integrarlas? Un punto de partida debiera ser comprender que las familias trabajan, y no hombres y mujeres independientes los unos de las otras. La vida cotidiana se desenvuelve en familia, cualquiera ésta sea.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso