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Forma y fondo

8 de Septiembre 2019 Columnas

El año 2017, la mesa de la Cámara de Diputados -presidida por un parlamentario socialista- consideró inadmisible el proyecto de reducción de la jornada laboral presentado por la diputada comunista Camila Vallejo. El fundamento de tal decisión fue que la iniciativa afectaba una prerrogativa constitucional exclusiva del Presidente de la República, al modificar los parámetros con que se fijan los valores de la jornada de trabajo en el sector público. Y la razón es simple: el mismo salario que antes de dicha reforma permite financiar 45 horas semanales, después de ella solo alcanzaría para 40 horas; es decir, a partir de esta modificación legal cada hora de trabajo en el sector público se encarece y para poder costear las mismas 45 horas originales, se requieren más recursos públicos. Obligar al Estado a pagar más por cada hora trabajada es, ciertamente, una materia que según nuestro ordenamiento jurídico no puede decir el Congreso.

Bastaba ese argumento para desestimar el proyecto y ello fue lo que hizo la mesa de la Corporación en 2017. Pero el actual gobierno dio en los últimos días un increíble paso en falso: en vez de sostener desde el inicio la inadmisibilidad de la iniciativa parlamentaria y de no moverse de ahí, respondió acogiendo el fondo del asunto y planteando una alternativa paralela: la reducción de la jornada laboral a 41 horas semanales, agregando como condición una gradualidad de ocho años. En síntesis, instaló una lógica de competencia entre dos proyectos que buscan el mismo objetivo, con lo cual entró de lleno al escenario al cual la oposición quería arrastrarlo.

En los mentideros de la cámara baja no son pocos los parlamentarios opositores que reconocen que el proyecto ingresado a discusión por la bancada comunista tiene potenciales vicios de constitucionalidad, pero han decidido respaldarlo igual por dos motivos: dado su alto apoyo ciudadano, será el gobierno quien deba pagar el costo político de hacerlo caer; y ello contribuirá a su vez a seguir deslegitimando el control preventivo que realiza el Tribunal Constitucional respecto de las decisiones que toman las mayorías parlamentarias, un tema que para importantes sectores de la centroizquierda sigue siendo una causa emblemática.

Al final del día, los efectos de esta iniciativa en el mercado laboral tienen a sus impulsores sin cuidado; esa es la razón por la cual incluso las advertencias que provienen del mundo de la centroizquierda -del ex ministro Valdés, Andrea Repetto, Mario Waissbluth y ahora del presidente del Banco Central, Mario Marcel- caen simplemente en el vacío. Que la reducción de la jornada de trabajo, sumada al alza de las cotizaciones y al proyecto de Sala Cuna, puedan encarecer el costo laboral promedio hasta en un 29% como ha sostenido el jefe del instituto emisor, no es relevante. Lo que importa aquí es el punto político: haber hecho pisar el palito al gobierno y traspasarle ahora todos los costos en caso que la iniciativa no prospere; de paso, seguir horadando la legitimidad del Tribunal Constitucional, esta maligna “tercera cámara” que obliga a las mayorías parlamentarias a no poder legislar contraviniendo la carta fundamental.

Camila Vallejo lo expresó el día viernes con todas sus letras y sin eufemismos: “el tema económico” nunca ha sido un argumento para trabar una iniciativa de esta envergadura.

Publicada en La Tercera.

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