El actual equilibrio en el financiamiento estudiantil de la educación superior tiene congeladas las proyecciones del sistema terciario. Por un lado, el capítulo del financiamiento de los estudiantes de los primeros seis deciles de ingreso no se cierra del todo: las instituciones adscritas a la gratuidad reclaman que el límite de la duración formal de los programas las desfinancia. Poco importa que esta regla se haya acordado así desde el comienzo, democráticamente, por restricciones fiscales.
Por otro lado, la ley establece “gatillos” que incorporan a los jóvenes de los deciles siguientes a la gratuidad, hasta que sea universal. Esto probablemente empeore aún más los estados financieros de las universidades. Asimismo, implica enormes desembolsos fiscales, y más todavía si se accede al reclamo actual de las universidades por la duración del beneficio. Esta perspectiva hace difícil, fiscalmente, ceder a las presiones por aumentar los recursos para la gratuidad actual. Y qué decir de pensar, entre otras posibilidades, en aumentar significativamente los fondos concursables o semibasales para investigación o hacer un programa importante para mejorar la retención de los jóvenes que hoy desertan. Como hemos planteado en otra columna, la gratuidad se convirtió en un hoyo negro que atrapa toda otra materia relevante para el desarrollo de la educación superior.
Así, necesitamos un nuevo equilibrio político respecto del financiamiento estudiantil. En el corto plazo, proponemos un modelo basado en cinco ejes. Primero, aceptar financiar con recursos públicos por un año adicional a los estudiantes bajo gratuidad pertenecientes al 60% más vulnerable. A partir de 2025, este financiamiento sería solo por un semestre adicional. De prolongarse los estudios un tiempo mayor, el financiamiento será de cargo de los estudiantes, pero solo por el 50% del valor de los aranceles regulados.
Segundo, extinguir en la Ley de Educación Superior la incorporación de los siguientes grupos de ingreso a la política de gratuidad y los topes arancelarios.
Tercero, para estos estudiantes, aprobar un mecanismo de financiamiento contingente al ingreso, con una tasa de interés que refleje el costo de fondos del Estado y pagos durante máximo 20 años, con un mínimo exento, un máximo de 10% del ingreso y con progresividad. El aporte podría ser hasta por el 100% del arancel real actual.
Cuarto, si bien el crédito estaría ligado a los aranceles reales, el Estado debiera poder desafiar los aranceles que cobran las instituciones de educación superior frente a la Comisión de Expertos en aranceles que la ley creó. Con esto, se evita la inflación de aranceles y se permite hacer sustentable esta política. Las instituciones no adscritas a la gratuidad debieran poder acceder al crédito contingente en las condiciones antes establecidas. Podría plantearse que ello desincentivaría a las universidades a permanecer en la gratuidad, pero hay que recordar que las que no están adscritas garantizan los créditos de los estudiantes que desertan y no tienen acceso a fondos basales o semibasales. En todo caso, es una dimensión que podría requerir calibración.
Por último, en la medida en que exista un sistema integral de financiamiento que combina gratuidad y retribuciones contingentes al ingreso, terminar gradualmente con las becas por condición socioeconómica.
En el largo plazo, aprovechando que la Ley de Educación Superior en su último artículo transitorio obliga a presentar una actualización de la estructura de títulos y grados, se debiera pensar en desarrollar un esquema de financiamiento estudiantil que promueva una formación inicial menos especializada, asegurando un primer grado en un plazo breve, seguido de una mayor especialización orientada al mundo profesional o académico. También se debiera buscar mayor conexión entre la educación secundaria y superior, sobre todo en el ámbito técnico-profesional. El financiamiento para la gratuidad podría articularse en función de estos objetivos. Así, por ejemplo, podríamos pensar un modelo de formación general subsidiada (o gratuita para sectores amplios), y de especialización posterior financiada con créditos contingentes. A la vez, hay que avanzar hacia un sistema más fuerte de aportes semibasales para las instituciones complejas, de libre disposición, que aumente los recursos para investigación y desarrollo, y las evalúe periódicamente.
Nuestra propuesta de corto plazo asegura el acceso a la educación superior, al mismo tiempo que libera recursos futuros para otros asuntos de importancia. Ella no agota el debate sobre el financiamiento de las instituciones terciarias, pero sí despeja un asunto que ha monopolizado el debate, permitiendo abordar otros desafíos, como los planteados en nuestra propuesta de largo plazo.
Publicada en El Mercurio.