La aprobación del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución es más que una buena noticia para el país. Es un hecho histórico. Luego de un mes del mayor estallido social desde la década del 70, el que parlamentarios de todos los colores hayan sido capaces de sentarse y aunar voluntades, es una muestra de que cuando Chile quiere, puede hacer hasta lo impensable.

Porque nadie en su sano juicio habría pensado que unos estudiantes secundarios, protestando por el alza de treinta pesos del metro santiaguino, saltando torniquetes, iba a terminar en el funeral de la Constitución de Augusto Pinochet y en un acuerdo así de amplio para que Chile comience el proceso de gestación de una nueva Carta Fundamental.

El desarrollo de este nuevo texto, sin embargo, será largo. Y eso es un peligro atendida la expectación que genera en la ciudadanía.

En primer lugar, porque no habrá nueva Constitución de la noche a la mañana. De hecho, el proceso recién comenzará en abril del próximo año, a partir del plebiscito de entrada, en el que los chilenos deberán votar entre dos alternativas: está de acuerdo con cambiar la Constitución o no lo está. Y las opiniones están divididas. ¿Qué sucederá con las demandas de esta crisis social si el resultado no es el previsible y la gente se inclina por mantener el texto actual?

Luego, está la incertidumbre respecto de cómo será el proceso para la gestación del nuevo documento. Si se tratará de una convención constitucional o convención mixta constitucional. En el primer caso, serán personas electas especialmente para esta misión las que tendrán que llevar a cabo la discusión del texto. En el segundo, es una mixtura entre electos y parlamentarios en ejercicio. En cualquiera de los dos escenarios, la votación por dichas personas recién se realizará en octubre de 2020, junto con las municipales.

Más paciencia tendrá que tener la ciudadanía. Porque a partir de allí, podrá pasar todavía un año más hasta que exista un documento concreto. Y nuevamente los chilenos deberán ir a las urnas para aprobarlo o rechazarlo.

La discusión en la interna tampoco será expedita, pues el quórum de 2/3 establecido para aprobar los artículos que conformen el nuevo texto constitucional es alto. De hecho, pocas horas después de que los parlamentarios dieran a conocer el acuerdo, ya algunas organizaciones lo criticaban por este ítem. Mientras el Partido Comunista lisa y llanamente decidió hacerse la niña bonita y excluirse de las negociaciones (como si el país estuviera para bollos), otros como la CUT y el Colegio de Profesores de la V Región cuestionaron el alto quórum establecido, al igual que el hecho de que no se haya considerado a las fuerzas sociales en el acuerdo.

Precisamente el peligro de este Acuerdo por la Paz es que la realidad comience a chocar constantemente con las expectativas y que la ciudadanía no tenga la paciencia para entender que no habrá un cambio sustancial de la noche a la mañana.

Aún más. El mayor riesgo está en el momento en que la gente que salió a marchar se dé cuenta de que la Constitución no va a cambiar su vida diaria. Porque si bien allí estarán los conceptos fundamentales que nos rigen como país y es indiscutible su relevancia simbólica –la Constitución actual es la de Pinochet-, los chilenos no encontrarán ahí solución a los conflictos por los que comenzaron a protestar en un principio: la Carta Fundamental no aumentará las pensiones, no mejorará los salarios, no bajará los precios de los medicamentos, no terminará con la mala atención en salud, no bajará el sueldo de los parlamentarios ni sepultará a las AFP. Tampoco, lamentablemente, terminará con la falta de tino de algunas autoridades (como quienes llaman a la gente a levantarse más temprano para ahorrar en metro o quienes encuentran su millonario sueldo “reguleque”).

El acuerdo se trata de un gran hito, pero si no va acompañado de una agenda social sólida, que permita a los chilenos de la clase media alivianar la carga y disminuir la vergonzosa desigualdad del país, probablemente la euforia inicial por lo logrado se comenzará a diluir, cuando la expectativa de una ciudadanía indignada e hiperconectada empiece a chocar con su realidad diaria.

Entonces, así como fue su tarea llegar a un acuerdo transversal que pudiera descomprimir la crisis, también es tarea de la clase política mantener esas esperanzas en el rango de lo posible, no generar sobreexpectativas, que puedan detonar un nuevo estallido, en la medida que lo factible se vea opacado por lo deseado.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.