Con alguna frecuencia, el Presidente y el vocero de la Corte Suprema expresan públicamente su parecer sobre asuntos de interés público que, de una otra manera, conciernen a la administración de justicia. Así ocurrió recientemente con la decisión de la autoridad francesa de otorgar asilo a una persona requerida por la justicia chilena. El contenido de esas declaraciones fue objeto de crítica pública. Y la prensa informó que ellas molestaron a algunos ministros de la propia Corte Suprema.

Los ministros de la Corte Suprema son jueces. Su opinión interesa públicamente solo en cuanto ella se expresa en sentencias judiciales. Antes de dictar sentencia, la ley exige a los jueces “abstenerse de expresar y aun de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por la ley son llamados a fallar”. Al pronunciar su sentencia, los jueces pueden y deben consignar todos los fundamentos que estimen pertinentes para justificar su decisión. Los que disientan pueden consignar su desacuerdo. Después de emitido su fallo, su opinión carece de interés público y los jueces hecen mejor en guardar silencio. Como ha dicho su Presidente, la Corte Suprema dijo todo lo que tiene que decir al dictar sentencia requiriendo la extradición.

Pero no es tan solo que la opinión de los jueces al margen de sus sentencias carezca de interés público. Su expresión puede ser doblemente dañina. Por una parte, erosiona la majestad de la justicia que los jueces encarnan. La justicia no opina. Decide. Y solo en los asuntos que le toca conocer.

Por otra parte, puede interferir en otros poderes del Estado. La Constitución confía las relaciones internacionales al Presidente de la República. Fue democráticamente elegido para cumplir esa responsabilidad, entre otras. De su ejercicio deberá rendir cuentas ante el electorado. Los jueces no han sido designados para cumplir esas funciones y, por esa razón, no hay mecanismos para hacerlos rendir cuentas.

Desgraciadamente es posible que veamos más de estos errores en el futuro. La prensa informa que en su jornada anual de reflexión los ministros de la Corte Suprema han decidido introducir modificaciones a su política comunicacional. Se equivocan al pensar que de este modo acrecentarán la confianza en la judicatura. Ya el hecho de que los tribunales tengan política comunicacional es reprochable. Todos los recursos que la sociedad destina a la justicia debieran invertirse exclusivamente en esa función. La política comunicacional de los tribunales superiores debiera consistir, únicamente, en poner a disposición de la comunidad, en forma pronta y ordenada, toda la información sobre su actividad jurisdiccional. La confianza en la judicatura se perjudica con “vocerías”. Los jueces se comunican a través de sus sentencias, que son leídas principalmente por abogados. El prestigio social de la judicatura depende de la confianza que los abogados tengan en ella, y que estos luego proyectan a la sociedad. Esta confianza se alimenta de la imparcialidad y celo con que los jueces conocen y resuelven los asuntos de su competencia. Y de su digno silencio.

Publicada en La Segunda.