La encuesta CEP vino a confirmar los temores del oficialismo respecto de su continuidad en el poder. Según la experiencia comparada, una presidenta con 15% de aprobación y una coalición de gobierno con apenas 8% de respaldo tienen posibilidades menos que remotas de entregar el mando a uno de los suyos. Aunque la crisis de legitimidad y el deterioro político sean en este caso un fenómeno transversal, casi por ‘default’ en circunstancias como las actuales la mayoría opta con un alto grado de probabilidad por la alternancia.
Frente a su espiral de declinación, la Presidenta Bachelet y su gobierno han decidido recluirse en un limbo, señal evidente de que no existe un diagnóstico sobre las causas que explican el desgaste y, menos aún, un diseño para afrontarlo. En los hechos, la Mandataria se resignó a un destino que -al parecer- considera inmodificable; y a concretar el programa de reformas sin importar el alto rechazo que generan, con la ilusión de que algún día la gente las entienda y descubra sus beneficios. Las urgencias políticas asociadas al ciclo electoral y al futuro de la Nueva Mayoría simplemente dejaron de importar, y eso es lo que en buena medida explica la postergación del cambio de gabinete.
En los partidos de gobierno esta realidad sólo ha aumentado el nerviosismo, la ansiosa convicción de que ya no quedan activos políticos a qué echar mano para tratar de revertir el escenario, salvo uno: el gasto fiscal. Esa progresiva coincidencia está nuevamente poniendo al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en el ojo del huracán, en el vértice de una tensión que se volverá desquiciante en los próximos meses y cuya forma de resolución no puede anticiparse. Hasta ahora, la autoridad ha contado con el respaldo de la Presidenta Bachelet para mantenerse en el marco de sus compromisos en materia fiscal, pero la presión que inevitablemente se viene sobre La Moneda hace legítima la pregunta sobre la solidez y sustentabilidad de dicho respaldo.
Esta semana, parlamentarios del PS notificaron al ministro Valdés que su política de responsabilidad fiscal estaba poniendo en riesgo la proyección de la Nueva Mayoría. En paralelo, la directiva del PPD solicitó al gobierno elevar las pensiones básicas en un 10% y el PC consideró necesario hacer uso de los fondos soberanos para apuntalar el gasto fiscal. Fueron todas señales de una convergencia fundada en el temor creciente a perder el poder, reforzado por la certeza de que el gobierno y la Presidenta no tienen ya opciones ni convicción para intentar cambiar el rumbo en lo que resta de administración.
Así las cosas, la gestión del ministro Valdés está pasando a ser el engranaje decisivo de lo último y poco que queda en la Nueva Mayoría, para buscar revertir lo que se presiente cada vez más inexorable. Ello dejará al actual titular de Hacienda en una situación límite, donde las enormes restricciones presupuestarias que hoy afronta el país deberán conjugarse, en una ecuación casi imposible, con los desafíos políticos del oficialismo. El deterioro de la situación de Codelco conocida en estos días es un buen anticipo de cómo viene la mano para el próximo reajuste de la ANEF y, sobre todo, en la decisiva discusión del último presupuesto de este gobierno.
Rodrigo Valdés tendrá sobre sus hombros el peso de la responsabilidad en su gestión fiscal y, en buena medida, el de la ilusión oficialista respecto de su sobrevivencia como coalición gobernante. Pero a sus espaldas se encuentra el único factor relevante que puede inclinar la balanza en uno u otro sentido: la decisión que a este respecto tome, por acción u omisión, Michelle Bachelet.