Esta semana fue el propio ministro Mañalich quien entregó los argumentos con los que será juzgado si no logra impedir que la cifra de infectados y fallecidos por el coronavirus siga creciendo: los modelos que la autoridad sanitaria manejó desde el inicio de la crisis, esos que llevaron a pensar en un anticipado retorno a la normalidad, se cayeron como “un castillo de naipes”; quizá porque -entre otras cosas- el ministro no “tenía conciencia” de los niveles de pobreza y hacinamiento en algunas zonas de la ciudad donde él mismo vive.

Es cierto que Chile sigue mostrando tasas de letalidad comparativamente bajas, pero es difícil confiar en lo que hace la autoridad cuando el ministro de Salud reconoce que “anda a oscuras”, que sus modelos predictivos se han caído y que desconoce aspectos esenciales de la realidad social sobre la que debe intervenir. Estos insólitos sinceramientos, realizados en el momento en que la curva de infectados y fallecidos tiende a agravarse, dejan al ministro Mañalich sin margen de tiempo. En simple, o la estrategia todavía en curso logra modificar pronto la actual tendencia o la autoridad sanitaria y todo su diseño de gestión se quedarán sin piso político y -más grave aún- sin legitimidad social.

Las opiniones de diversos especialistas convergen en el último tiempo hacia las proyecciones más pesimistas, aunque en algunos persiste la confianza en que las cuarentenas decretadas -en particular la de Santiago- al final mostrarán su eficacia. Junio parece ser entonces el mes decisivo, donde las cifras terminarán hablando por sí mismas, aunque revestidas por el manto de incertidumbre y de autoinculpación que el propio Mañalich instaló sobre su gestión.

Es obvio que los gobiernos y los ministros tienen derecho a equivocarse, más aún cuando se enfrenta una crisis de estas dimensiones. Pero lo mínimo que se le puede pedir a la autoridad es que, precisamente por la gravedad y lo inédito del cuadro que se enfrenta, trabaje teniendo siempre como horizonte el peor de los escenarios posibles. Eso fue lo que empezó a estar en duda cuando el gobierno anticipó el retorno a una normalidad que en los hechos estaba todavía muy lejana, y a lo que ahora se sumaron las señales erráticas que la autoridad sanitaria puso sobre la mesa.

Los costos económicos y sociales que el manejo de la crisis está teniendo son pavorosos. Es imprescindible, por tanto, que el gobierno contribuya a la legitimidad de su estrategia, a reforzar la confianza y no agregue más incertidumbre. El gobierno siempre debió ser receptivo a las opiniones críticas y a las hipótesis disidentes. Y más aún debiera serlo ahora si reconoce la falla de sus modelos originales y algún desconocimiento de la realidad sobre la que está interviniendo. En una palabra, lo único que cabe ahora es revalidar la estrategia explicándola de una vez con meridiana claridad o cambiarla urgentemente.

Lo que no puede continuar es la duda alimentada por el propio ministro.

Publicada en La Tercera.