El acelerado proceso de aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en Chile deja varias lecciones. Entre ellas, la importancia de prever, planificar y ejecutar en forma coordinada entre instituciones públicas y, también, la relevancia de invertir recursos públicos en intervenciones que cuentan con sólidos estudios sobre sus efectos. Ahí está la base de confianza que facilita la participación (vacunación) de la población.
La salud de las personas no es el único ámbito donde se necesitan soluciones efectivas basadas en evidencia. Los problemas que afectan la educación, el bienestar emocional, las oportunidades laborales, la conservación medioambiental, entre otros temas, requieren no solo de buenas intenciones, sino de intervenciones efectivas.
Un buen ejemplo de que las intenciones no bastan es el conocido caso de Scared Straight, un popular tipo de programa orientado a reencausar a jóvenes que tienen sus primeras detenciones por conductas reñidas con la ley. El programa, que ha sido transmitido por televisión y aplicado en muchos países (incluido Chile) por décadas, consiste en llevar a primeros infractores de ley a vivir la experiencia de cárceles de adultos para exponerlos a su posible futuro, en un diseño de lógica intuitiva y bajo costo. Sin embargo, distintas evaluaciones con grupo de control han demostrado que lejos de ser efectivo, este programa produce un aumento de la tasa de delincuencia juvenil en sus participantes (Petrosino et al, 2003). Es decir, incrementa el daño que intenta de reparar y además profundiza la desconfianza de los actores sociales de lograr avances en este tipo de desafíos.
Entender la eficacia de la oferta pública de programas sociales es fundamental tanto por el volumen de la inversión ($20,7 billones en 2019 según el MDSF), como por su alcance en términos de población. Pero el mismo estándar deben incorporar los aportes privados orientados a desafíos sociales, más aún cuando las empresas requieren mejorar su vinculación con la sociedad y la sociedad civil puede contribuir con soluciones innovadoras para mejorar la oferta pública.
Afortunadamente, es posible constatar en empresas y fundaciones una tendencia a incorporar evidencia en la toma de decisiones respecto de la inversión social, adoptando modelos de pagos contra resultados y disponibilidad a financiar la medición de impacto. Esta tendencia fortalecerá la creación de valor de los crecientes aportes que se dan vía donaciones –que rondan los $160 mil millones según datos del SII de 2019-, o bien vía fondos de inversiones de impacto, que en 2020 sumaban US$328 millones (Acafi, 2020).
En tiempos de recursos escasos y problemas complejos, es importante avanzar en el camino que lleva de la intuición a la evidencia. ¿Se aplicaría usted una vacuna que no ha sido sometida a estudios sólidos? La misma pregunta debemos hacernos a la hora de realizar inversión pública y privada en programas que apuntan a resolver problemas apremiantes de nuestra sociedad.
Publicada en Diario Financiero.