No fue casualidad, reflexionaron algunos, que el estallido social se haya gatillado a partir de una medida adoptada por un comité de expertos: un selecto grupo aparentemente insensibilizado por el saber técnico, disociado de las experiencias reales de los chilenos “de a pie”, que interpreta la política como una cuestión de racionalidad científica, haciendo pasar su destreza académica como la única política pública sensata, y que esconde en la pretendida neutralidad de los polinomiosuna agenda de intereses hegemónicos. Esto evoca la crítica de Chantal Mouffe y del orgulloso populismo de izquierda al devenir de la democracia liberal: se ha convertido en una tecnocracia, que sustrae cada vez más decisiones del arbitrio de la voluntad popular. De ahí el imperativo agonista de repolitizar todos esos campos que fueron tecnificados y neutralizados.

Algo así parecía estar en el ambiente de los últimos meses: durante treinta años, las decisiones no las tomó el pueblo sino una elite amparada en un discurso de pretendida superioridad epistémica. Los expertos del momento fueron los economistas, amos de una racionalidad técnica inobjetable. Los fines de la política se dieron por sentados. La pregunta relevante era por los medios técnicos más eficientes para conseguirlos. En cierta forma, el estallido social de octubre fue una manifestación política contra esa manera de concebir el gobierno de una sociedad. Buscó repolitizar espacios entregados al veredicto de los expertos: ¿qué importa lo que arroja el polinomio cuando las familias chilenas no llegan a fin de mes? De pronto, el coronavirus. Las autoridades políticas se vieron superadas por un fenómeno desconocido y nuestra mirada buscó a los que estudiaron el tema: ala comunidad científica, a los médicos y los expertos en salud pública, y muy especialmente a los epidemiólogos. Ellos tenían que decirnos qué hacer. Esa fue precisamente la primera crítica que se le hizo al gobierno de Sebastián Piñera: no estaba haciendo caso al comité de expertos convocado para la ocasión. Luego, desde la oposición sugirieron que estábamos desviándonos de las recomendaciones de la OMS el veredicto de un órgano supranacional no-electo de racionalidad técnica como estándar de corrección—. Ninguna de estas “denuncias” tuvo mucho asidero: los comités de expertos discrepan a menudo, y Chile ha sido más felicitado que reprendido por la OMS. Pero dejaron sentado el punto: había que deferir a los hombres y mujeres de blanco. El Colegio Médico, de hecho, se ha transformado en uno de los actores más relevantes de la crisis sanitaria.

Este escenario nos obliga a reflexionar sobre el complejo rol del conocimiento científico y la expertise técnica en la vida política de las sociedades democráticas. Los hechos que establece la ciencia, sugería Hannah Arendt, son despóticos y dominantes porque no aceptan argumento en contrario. La política, por otro lado, es justamente el reino de las cosas que pueden ser de otra manera. La ciencia sería antipolítica. Más tarde, David Guston advirtió sobre la tensión interna entre la lógica de la ciencia y la lógica de la democracia: mientras la primera es excluyente y autoritaria, la segunda se construye sobre premisas estrictamente igualitarias. Quizás, por lo anterior, muchos movimientos y gobernantes populistas coquetean con el escepticismo científico. No parece entera casualidad que Donald Trump y Jair Bolsonaro, los más conocidos negacionistas climáticos en el poder, hayan sido junto con AMLO en México—los que menos tomaron en serio las advertencias de la comunidad científica ante la aparición del Covid-19. Ante los ojos del populismo, los científicos son parte de una elite (intelectual, pero elite a fin de cuentas), que aspiran a gobernar sin tomar en consideración la voluntad del pueblo, menospreciando la sabiduría del sentido común.

Por lo anterior, no deja de ser paradójico que hayamos pasado con tanta rapidez de una especie de momento populista en un sentido Moufteano, a clamar para que los expertos nos conduzcan en estos tiempos de incertidumbre. Los que ayer desahuciaban ala tecnocracia, hoy piden=sin saberlo— su regreso. Porque eso es la tecnocracia: dejar que los expertos =sean economistas o médicos—tomen las decisiones políticas. Pero es ono es —menos mal—lo que está pasando en la actualidad con el coronavirus, al menos en Chile. El gobierno escucha a los expertos, pero no está políticamente obligado a seguir sus recomendaciones. Esto no significa que las normas, medidas y políticas públicas no deban apoyarse en evidencia. Todo lo contrario: significa que la evidencia científica —en la medida que pueda haber consensos en un área todavía inexplorada— constituye un insumo especialmente importante en la toma de decisiones públicas. En el lenguaje delos liberales rawlsianos, constituye una razón pública, y solo las decisiones tomadas sobre la base de razones públicas son legítimas. Pero no son las únicas razones públicas. Los gobiernos toman decisiones una serie de consideraciones. Cerrarlas minas de carbón puede ser esencial para contribuir a mitigarlos efectos del cambio climático, pero cerrarlas hoy puede significar una crisis social y económica catastrófica en esa localidad. La labor del gobierno es equilibrar estas consideraciones y todas aquellas que resulten relevantes. En este caso, escuchar con particular atención al consejo de científica, pero no olvidarse de que finalmente administra un problema político cuyas aristas son múltiples.

Publicado en Revista Capital.