Por estos días, la proyecciones económicas a nivel mundial distan de ser alentadoras dada la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Son más de 100 países los que se ven afectados por esta pandemia que, en lo inmediato, impactará al empleo y, a largo plazo, tendrá altos costos en términos de crecimento. El shock de oferta y demanda simultánea, junto al deterioro de los términos de intercambio que implica la pandemia, nos llevarán a una recesión. Las consecuencias de ésta dependerán fundamentalmente de cómo se enfrente en Chile la crisis crediticia generada por situaciones de incertidumbre extrema que estamos viviendo.
En la situación análoga más cercana –la crisis subprime de 2009– el crédito comercial de la banca privada se contrajo cerca de un 13,3% en un período de 7 meses, siendo un importante canal de amplificación de la dinámica recesiva. El nivel de incertidumbre actual es mucho mayor. Y el riesgo es que la contracción del crédito privado sea muy superior a la de 2009. Más del 50% de nuestras empresas son de servicios no esenciales y representan cerca del 30% del empleo. Ellas enfrentan ahora una drástica caída en sus ventas o incluso han tenido que cerrar debido a la falta de demanda. Con ello la amenaza de la quiebra masiva de empresas que en condiciones normales serían viables, es una realidad. Incluso peligran empresas de gran tamaño.
En este contexto de incertidumbre, el gobierno, el Banco Central y la Comisión de Mercado Financiero inicialmente establecieron medidas, donde lo fundamental es una línea de redescuento a tasas subsidiadas a la banca y la modificación de los requisitos de provisiones para los préstamos. Son pasos insuficientes para canalizar créditos de manera efectiva a la mayoría de las empresas con estrés de caja. Ello podría implicar que los créditos sean facilitados solo a los clientes menos necesitados y con tasas en que las medidas del Banco Central no cumplirán con el propósito de apoyar a las empresas afectadas por el COVID-19.
En 2009 enfrentamos una situación similar que solo se pudo revertir -parcialmente- con una acción muy agresiva del Banco del Estado. Cabe recordar que, entonces, la experiencia de varios países dio origen en el Banco Mundial a una importante reevaluación del rol de los bancos públicos de fomento de primer y segundo piso.
Felizmente, la semana pasada, el ministro de Hacienda anunció un conjunto de medidas que tienen el potencial de constituir un importante paliativo a la situación crítica que enfrenta el sector de servicios en nuestro país. En particular, el desarrollo de un sistema de garantías parciales a los créditos, con seis meses de gracia y un techo en la tasa de interés, lo cual limita el margen y genera condiciones que reducen el riesgo de un endeudamiento excesivo de las PYME.
Sin embargo, pueden no ser suficientes. Se debe monitorear de cerca la canalización del crédito. Adicionalmente, del mismo modo como ocurrió en 2009, el Banco del Estado debe estar dispuesto a consolidar cartera de créditos de otros bancos, poniendo presión a la banca privada. Evitar la quiebra masiva de empresas en esta crisis es clave para asegurar la robustez y velocidad de la recuperación cuando pase la pandemia.
Publicado en Diario Financiero.