Finalmente, el gobierno asumió que la propuesta constitucional emanada de la Convención no podrá ganar por sí sola el 4 de septiembre, y no había por tanto más opción que convertir la contienda electoral en un juicio a su propia gestión. De algún modo, siempre lo fue: el destino de la actual administración estuvo desde el inicio indexado con la nueva Carta Magna; las curvas de aprobación y rechazo a ambas se han movido desde marzo casi en paralelo. El reconocimiento a la imposibilidad de desprenderse de su alter ego explica que La Moneda se convirtiera en un comando electoral y Gabriel Boric en un jefe de campaña.

La Contraloría algún día dirá si hubo o no intervención efectiva en este trance, tema que hoy al gobierno no le quita el sueño. Porque el mar de fondo es que el triunfo del Apruebo en el plebiscito no pudo sostenerse solo en un texto que hasta sus más incondicionales tienen la convicción de que es imprescindible modificar. Esa debilidad de origen, sus déficits confesados e inconfesables, es la razón que obligó al Ejecutivo a salir a “apalancar” la propuesta con balones de gas a mitad de precio, con la reafirmación del compromiso de condonar la deuda histórica de los profesores y el CAE, además de poner término al copago de los usuarios del Fonasa, entre otras cosas.

En efecto, no había alternativa: el gobierno no pudo dejar el destino de la nueva Constitución a su suerte y el texto no tenía cómo ganar por sus propios méritos. Sin ir más lejos, un estudio reciente elaborado, entre otros, por un ex ministro de Hacienda del segundo gobierno de Bachelet, establece que para financiar los cambios institucionales y las nuevas prestaciones se requerirán entre 28 mil y 40 mil millones de dólares. Casi una broma cruel que expone el enorme contraste entre la realidad y las expectativas, en un país cuyo crecimiento tendencial está bajo el 3% y su margen para endeudarse es cada vez menor.

Lo que pase, entonces, el 4 de septiembre no solo será la aprobación o el rechazo a una propuesta constitucional, sino también un plebiscito a la gestión de un gobierno que está recién comenzado. Luego de este despliegue, si hay un triunfo del Rechazo, el gobierno será el principal responsable y deberá seguir adelante por más tres años con problemas de agenda y de legitimidad enormes. Pero si este esfuerzo permite dar vuelta el resultado que hoy ilustran las encuestas, la victoria será histórica y tendrá en sus manos la consolidación de un ciclo de transformaciones ya sin vuelta atrás, aunque deba convenir las reformas al texto aprobado con la oposición en el Congreso.

Que el gobierno haya sincerado que el plebiscito del 4 de septiembre no será únicamente sobre los méritos de la propuesta constitucional sino sobre sí mismo es un gran gesto de osadía y realismo político. Que sus acciones confirmaran que el texto no podía salir adelante solo, también.

Publicada en La Tercera.