Durante el último gobierno de Michelle Bachelet el pasaje del Metro subió 80 pesos, bastante más que el alza decretada hace unos días. Curiosamente, no hubo convocatoria a una ‘evasión masiva’, ningún estudiante destruyó estaciones y ningún parlamentario de la Nueva Mayoría o del Frente Amplio solicitó subsidios o la anulación de la medida. Al parecer, algo muy fundamental cambió en el país en tan solo 18 meses: los que gobernaban cuando el Metro subía 80 pesos hoy están en la oposición.
Si los abusos, la inequidad y las injusticias del Chile actual son las que explican los grados de violencia y de destrucción observados en Santiago en las últimas horas, es inevitable asumir que la sociedad construida desde el retorno a la democracia se acerca mucho a un rotundo fracaso, un país en esencia colmado de bronca y de frustraciones. Ni el crecimiento económico ni el desarrollo social de estas décadas habría valido nada; ni los avances en materia de educación, salud, vivienda y democratización del consumo podrían ser considerados algo relevante. Al contrario: los abismos de la desigualdad y de los privilegios sostenidos desde 1990 terminaron envolviendo en llamas las estaciones del Metro, una obra monumental de varias generaciones y de la cual, aparentemente, nos sentíamos orgullosos.
¿Quién debe hacerse cargo de este fracaso histórico? ¿Dónde están en esta hora triste los responsables? En 29 años de democracia la centroizquierda ha gobernado 24 y la derecha, cinco. El polinomio que el comité técnico evalúa para decretar las alzas del transporte público es parte de una política implementada por la Concertación, pero quizá este sea el momento de ser generosos y repartir las culpas en partes iguales. Por tanto, lo correcto sería decir que el Chile de las últimas tres décadas, el país del odio y la frustración acumulada, es responsabilidad de todos los que han gobernado en este tiempo: de la Concertación en primerísimo lugar, de la derecha y la Nueva Mayoría, después. Todos serían autores de este estruendoso fracaso, todos simétricamente causantes de este Chile lleno de injusticia, plagado de abusos y saturado de inequidades. Nadie tendría entonces autoridad moral para lanzar la primera piedra. Todos debieran sentirse igualmente avergonzados.
Han sido muchos años de indolencia frente a la segregación y los abusos, pero son muchos también de normalizar la violencia y la destrucción de bienes públicos. Mientras algunos han preferido no ver las causas de la inequidad, otros han justificado cualquier forma de responder a ella, o cualquier cosa que diga hablar en su nombre. Unos han apostado a que todo siga igual, otros se sienten los únicos con autoridad moral para cambiarlo.
Se ha cruzado un límite dramático en el cual se mezclan malestares emergentes con atavismos ancestrales. Son también la expresión de un pasado que siempre retorna: a 30 años de iniciada la transición, seguimos siendo una sociedad dividida por el odio, la intolerancia y una importante vocación de violencia.
¿Es posible que nuestras autoridades políticas reaccionen a la altura de lo vivido este fin de semana? De lo observado hasta aquí es muy poco probable. Solo un diálogo de sordos y dedos acusadores cabe esperar. Las divergencias sobre el pasado son a la larga más fuertes; el desprecio por el otro se mantiene bajo la sombra de ese binominal impuesto aun antes de la dictadura y que tiene al país condenado a una fractura insondable.
Con una alta probabilidad, después de remover los escombros estaremos donde mismo, culpándonos unos a otros. Pero al menos la imagen del país construido desde el retorno a la democracia difícilmente volverá a ser la misma.
Publicada en La Tercera.