Dos atentados se sumaron esta semana a la lista: el primero dejó ocho carabineros heridos en una comisaría de Huechuraba; el otro (compuesto por medio kilo de dinamita), no alcanzó a estallar pero tuvo la posibilidad de escabullirse hasta el escritorio de un ex ministro del Interior, en las oficinas del principal grupo económico del país.
Hace poco más de dos meses, un artefacto explosivo fue recibido en el domicilio del presidente de Metro y por fortuna la policía logró desactivarlo a tiempo; no tuvieron la misma suerte los transeúntes que se encontraban el 4 de enero de este año en un paradero del Transantiago; ni el presidente de Codelco que, en enero de 2017, sufrió las secuelas del estallido de un paquete que llegó hasta su casa.
Al parecer, la sociedad tendrá que acostumbrarse a vivir bajo la amenaza de un nuevo tipo de terrorismo, más selectivo y anónimo, difuso en sus fundamentos ideológicos y en sus objetivos políticos, pero cuya eficiencia y precisión operativa lo mantienen hasta ahora en la impunidad. Ante el nuevo desafío, el presidente Sebastián Piñera optó por la rutina de siempre: anunciar cambios en la legislación antiterrorista y mejoras en los sistemas de inteligencia, una agenda que en los últimos años sólo ha confirmado el fracaso del Estado en la anticipación y el control de dicho fenómeno.
Estos hechos coinciden con el prolongado corte de agua en Osorno y con un fallido trasplante de órganos, circunstancias donde las regulaciones y capacidades del Estado también fueron seriamente puestas en cuestión; es decir, un momento donde la política pública exhibe su endémica precariedad, mientras instituciones relevantes del país crujen debido a problemas de probidad y daño reputacional.
En paralelo, el Ejecutivo anunciaba estos mismos días un nuevo plan de modernización del Estado y de reformas institucionales, donde precisamente lo que se echó de menos fue una mirada más comprensiva e integral de los desafíos que Estado tendrá en las próximas décadas, en un mundo donde la globalización está cambiando la naturaleza y el alcance de las instituciones de carácter nacional.
Sin duda, la digitalización y la reducción de trámites, una mayor transparencia y menor discrecionalidad en la designación de nuevos cargos públicos son metas relevantes, pero permanecen todavía en la lógica de un Estado carente ya de perspectiva histórica, a ciegas frente a las claves políticas, económicas y socioculturales que están detrás de los fenómenos actuales.
Cuando esa dimensión política y sociocultural es subsumida por los imperativos técnicos y de gestión, se termina pensando que los bombazos de esta semana pueden ser abordados con una simple reforma a la ley antiterrorista o mejorando la inteligencia policial. Respuestas obviamente necesarias pero insuficientes, que ilustran a un Estado ya desprendido de su tiempo, sin capacidad comprensiva y carente de los instrumentos para dar conducción a transformaciones que, en esencia, están tensionando cada día con más fuerza su propia singularidad histórica.
Publicado en La Tercera.