Una organización de estudiantes secundarios -la ACES- pretende sabotear otra vez la PSU; al parecer, no fue suficiente con el daño causado a miles de estudiantes que no pudieron rendirla la vez anterior, o que debieron hacerlo en condiciones muy distantes de la mínima normalidad requerida. La decisión de evitar que sus propios compañeros puedan cumplir con el requisito para postular a la educación superior es hoy un símbolo de una manera de entender los derechos sociales e individuales; un modelo de coacción que viene imponiéndose en nuestra convivencia hace años, y que el estallido social de los últimos meses no ha hecho sino reforzar.
Ya no se trata solo de una cultura de los derechos donde los deberes y las obligaciones simplemente no existen, sino de algo todavía más delicado: la negación total de los derechos ajenos, una forma de proyección narcisista de los deseos e intereses propios, que termina por anular y degradar los de todos los demás. En rigor, un discurso que refuerza y sobredimensiona el valor de los derechos sociales, pero que en la práctica los niega, al poner por encima los que unos reconocen o consideran prioritarios, y no aceptar que los otros pueden tener derechos distintos igualmente válidos.
Ahora, a un grupo organizado y muy minoritario de estudiantes, sus legítimos cuestionamientos a la PSU los hace sentirse con el derecho de impedir que el resto pueda realizarla. Mi supuesto derecho a sabotear un instrumento que considero ilegítimo o ineficaz, anula entonces el derecho de aquellos que, más allá del juicio que tengan sobre el mismo, deciden voluntariamente acogerse a su imperio para cumplir el anhelo de seguir estudiando. En simple, “mi derecho” está por encima del tuyo; me siento con el derecho a negar los tuyos.
Este caso puede ser visto como la versión extrema y distorsionada de una manera de entender dicho dilema, pero en realidad es solo la expresión químicamente pura de un cambio cultural que ya lleva mucho camino recorrido en nuestro país. Cuando en 2011 los estudiantes universitarios instalaron la gratuidad como un derecho que no debía someterse a otras prioridades de política pública, estaban en la misma lógica. Por eso, al movimiento universitario de aquel entonces jamás le importaron los problemas económicos de la educación preescolar o de los niños del Sename; nunca se movilizaron por nada ni por nadie que no fueran ellos mismos, sus intereses propios y “sus derechos”.
Lo que en estos días ocurre con la ACES y la PSU tampoco es muy distinto a lo que desde hace tres meses se genera en la Plaza Italia y su entorno. De nuevo, el derecho a manifestarse anula y niega el derecho de los que quieren transitar o vivir con una mínima normalidad. El daño y el costo que han pagado los que habitan y trabajan en ese sector es enorme; la destrucción de su calidad de vida, de innumerables fuentes laborales, ha sido gigantesca, pero a los que defienden el derecho a esas manifestaciones, con destrucción de bienes públicos y privados incluida, los derechos de los demás no les importan. Su supuesto derecho a hacer lo que quieren está por encima del daño o el costo que pagan otros. Los que se manifiestan deciden que ese daño o esos costos son los que se deben pagar en función del sentido o la finalidad que ellos otorgan a sus actos.
En resumen, estamos frente a un desvarío ético y cultural que ha terminado por desdibujar el valor de muchas demandas sociales legítimas. Además, en un camino que solo puede llevar al deterioro creciente de nuestra convivencia, a la lógica del más fuerte que, al final del día, termina siempre perjudicando a los más vulnerables. Porque, contrariamente a la visión que se impuesto en el Chile de los últimos años, el cumplimiento de las normas y el respeto al derecho ajeno no favorece a los poderosos, sino que es la condición indispensable para poder proteger a los más débiles.
Lo increíble y preocupante es que, en el actual contexto, muchos de los que dicen luchar por los derechos sociales reman en contra del derecho ajeno. En ese grupo está la ACES.
Publicado en La Tercera.