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El clímax

12 de Julio 2020 Columnas

Parece el mundo al revés: la centroizquierda dejó de insistir en que es el Estado quien debe hacer un esfuerzo mayor para ir en ayuda de los damnificados por la crisis; al contrario, quiere que sea la propia gente la que eche mano a sus futuras pensiones, ya de por sí escuálidas. Cual barra brava celebraron la aprobación en general de una ley que golpeará con mayor fuerza a los más pobres, es decir, a quienes tienen menos ahorro previsional.

El costo de la medida es enorme. Los cálculos más conservadores hablan de US$ 18 mil millones y otros llegan a más del doble de eso. El proyecto establece que el Estado y los empleadores repondrán los recursos, no se sabe cómo ni en qué plazos. Pero la verdad es que jamás se compensará dicha pérdida, a lo que se agrega que liquidar los instrumentos de inversión requeridos para financiar la medida implicará una importante caída en el valor de dichos activos, afectando también a los ahorros que no se retiren.

Como es frecuente, el gobierno y su coalición confirmaron otra vez su impericia política, cuando se trata de enfrentar las falacias del sentido común; su total incapacidad para explicar los reales alcances de una mala decisión y generar alternativas viables a la altura de las circunstancias. Al final del día, el drama que hoy vive un sector relevante de la población resultó transversalmente irresistible, y con los ahorros previsionales se abrió una compuerta similar a la asociada con el imperativo de respetar la Constitución. De nuevo, la emergencia sirvió de argumento para tocar lo que parecía intocable, con el agravante de que ahora se daña el escaso patrimonio de los más vulnerables.

Obviamente, retirar parte del ahorro previsional posee un amplio respaldo ciudadano. La urgencia del presente hace sensato usar ahora algo que se va a necesitar en un futuro quizás lejano, más aún si esos recursos serán repuestos por otros. Suena perfecto precisamente porque es falso, la magnitud de la pérdida jamás va a ser compensada. La gente gastará parte de sus ahorros para aliviar en algo una situación dramática, cuando es el Estado el que tiene la obligación de aminorar los efectos de esta crisis, un Estado que -entre otras alternativas- posee aún márgenes de endeudamiento razonables y credibilidad para hacerlo a bajas tasas de interés.

Pero no, esta vez lo políticamente correcto era poner el costo de la crisis sobre los hombros de la gente y sus futuras pensiones. Ojalá horadar en el camino al mercado de capitales, como se ha estado haciendo en el último tiempo con la Constitución, el Estado de derecho y la confianza en las instituciones; sin importar los efectos que esto tenga en la reactivación económica, se usó la desesperación de la gente para incentivarla a deteriorar sus ahorros previsionales. Todo, como parte de un clímax de descomposición e irresponsabilidad inédito, donde como siempre la cuenta no será pagada por quienes toman las decisiones.

Publicada en La Tercera.

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