Si había una única certeza en cuanto a la elección de los gobernadores regionales, era que la primera vez que se elegiría a esta autoridad sería en 2020, junto a los alcaldes y concejales. En un proceso que ha estado marcado por la indecisión y la poca pulcritud, no había otra cosa clara más que la fecha. Y ahora ni eso.

Porque ya han comenzado a surgir voces –desde el oficialismo, principalmente- que piden aplazar este proceso, de manera que las incertidumbres en torno a esta nueva figura puedan ser aclaradas en el tiempo. Como si el año y cuatro meses que ya ha pasado desde la aprobación de la ley, no hubiera sido suficiente para definir los detalles de su funcionamiento.

En términos concretos, la legislación aprobada en febrero de 2018 establece que a partir de 2020 los actuales intendentes pasarán a denominarse gobernadores regionales y serán electos por sufragio popular. Estos deberán trabajar codo a codo con la nueva figura del “delegado presidencial”, que será una especie de primus inter pares, designado por el mandatario de turno para representarlo en cada región del país. Es decir, habrá una estructura con dos cabezas para dirigir una sola zona.

La normativa no aclara completamente cuáles serán las competencias específicas de cada uno de estos dirigentes, ni la capacidad de gestión que tendrá realmente el gobernador regional. Solo se sabe que debiera ayudar a la descentralización del país y a que las decisiones se tomen desde y para las regiones. Pero a partir de allí, solo comienzan a aparecer preguntas. ¿Quién pesará más a la hora de tomar las definiciones locales? ¿El gobernador electo o el delegado designado? ¿Qué competencias tendrá cada uno y qué recursos habrá asociados a ello? Y aquí comienza el enredo.

Ya el Presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública se hizo cargo de este problema –fundamentalmente, a partir de la falta de competencias para el gobernador regional- y anunció la creación de una mesa técnica que busque soluciones. Sin embargo, el reloj avanza a pasos agigantados y octubre de 2020 está a la vuelta de la esquina. No hay mucho tiempo para debates largos.

Si el gobierno no le pone celeridad a la mesa técnica y apura las negociaciones en el Congreso en torno a lograr un acuerdo transversal, la verdad es que el gobernador regional será meramente una figura decorativa, porque quien mantendrá el poder real en cada una de las regiones, será el delegado.

En la práctica, con la ley como está hoy, no se sabe qué podrá hacer este intendente electo. Hasta ahora, no hay certeza sobre qué recursos podrá administrar, a qué entidades públicas tendrá bajo su cargo o qué iniciativas podrá liderar. Solo está claro que será electo. ¿Quién definirá los recursos para la región? Santiago a través de la Subdere. ¿Quién decide cómo y en qué se invertirán esos recursos? No está claro.

¿Qué sucederá en este escenario si el gobernador electo es de oposición? ¿Los recursos serán los mismos que para uno oficialista? ¿Cómo se relacionarán en este caso gobernador y delegado? ¿El delegado pasará a ser más un obstáculo que un aliado en la lucha por la descentralización? Nada de eso se sabe a ciencia cierta.

¿Es la solución ideal, entonces, aplazar la elección, como lo ha planteado el oficialismo? No tiene sentido. ¿Qué lógica tiene haber apostado por la descentralización, al menos en el papel, a través de la aprobación de esta ley para luego echar pie atrás debido a detalles técnicos que debieron quedar solucionados en el mismo documento de 2018? Ninguna.

Tampoco parece tener sentido el que los partidos políticos hoy estén más preocupados de buscar candidatos para un cargo que no tiene sustento y que, además, utilicen (en todo el espectro, derecha e izquierda) el tema para dividirse entre quienes quieren aplazar la elección y los que apuestan por hacerla de todos modos, con o sin competencias y recursos.

A propósito de los magros resultados del gobierno en la CEP, el senador PPD Ricardo Lagos Weber advirtió esta semana que “hay que tener la madurez de entender que cuando uno no tiene mayorías hay que sentarse a conversar. No caben los maximalismos”, enviándole un mensaje claro al gobierno. Bien cabe este mensaje a propósito de la necesidad de una ley corta que aclare los vacíos en torno a los gobernadores regionales y el delegado presidencial: no es momento de retroceder lo que se ha avanzado, sino de sentarse a conversar, negociar concienzudamente y llegar a acuerdos. Las regiones lo necesitan y no es viable otra opción.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso.