La sociedad civil en Chile muestra un gran dinamismo en los últimos años: en el último quinquenio, se han constituido cerca de 17 mil organizaciones cada año, sumando casi 320 mil organizaciones (Sociedad en Acción, 2020). Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de políticas públicas que promuevan su desarrollo, pese a que estas entidades proveen soluciones ágiles e innovadoras a problemas sociales complejos que afectan a comunidades que han quedado rezagada del progreso. También constituyen un espacio de cooperación desinteresada que crea las bases para fortalecer la confianza interpersonal. Y, sin embargo, hoy muchas están en peligro de no poder sobrevivir a la actual crisis.
Su sostenibilidad y crecimiento depende de tres fuentes: fondos públicos, venta de servicios propios y donaciones privadas. Los aportes privados proveen una sana autonomía de los gobiernos de turno. Son, además, una forma de contribuir a la construcción de bienes públicos por parte de actores sociales, sean ciudadanos, familias empresarias o empresas de distintos tamaños.
Sin embargo, realizar una donación hoy significa navegar por más de 60 normas legales, donde se distinguen 10 leyes principales con incentivos a ámbitos específicos: cultura, deporte, superación de pobreza. Este enjambre legislativo impone un enorme costo procedimental para donantes y también para organizaciones sociales a lo largo del territorio. Aquellas que trabajan entregando asistencia sanitaria o cuidando el medioambiente no encuentran ninguna disposición especial, sino la obligación de pagar un impuesto general por las donaciones que reciban. En suma, la política pública es poco equitativa para las organizaciones de la sociedad civil y dificulta la democratización de las donaciones.
La recientemente promulgada Ley 21.210, que moderniza la legislación tributaria, aporta nuevos avances en esta materia: amplía la forma de calcular el límite del monto máximo a donar (LGA), exime del pago del impuesto a las donaciones y del trámite de insinuación judicial por aportes de hasta 250 UTM. También incentiva la entrega gratuita a organizaciones sociales de un amplio rango de productos que no pueden comercializase, pero están aptos para su consumo, incluyendo alimentos, artículos escolares y de higiene. Son avances positivos, pero insuficientes.
La práctica de los últimos 40 años de legislar en forma parcial y no tener una política integral nos aleja de los sistemas de donaciones de países de alto nivel de filantropía. Según un reciente estudio del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la tendencia mayoritaria de países de América Latina y la OCDE es tener un marco legal integrado, inclusivo y con altos estándares de transparencia.
Ante el rol fundamental que tiene la sociedad civil en la actual crisis social, económica y sanitaria es necesario avanzar en la discusión de una ley general de donaciones. Chile debe avanzar a tener un marco legal integrador, con una lista amplia de fines y una agencia pública que supervise y fomente el buen uso del sistema. Es importante también que el sistema de acreditación de las organizaciones como donatarias autorizadas sea simple, enfocado en la institución y no en sus proyectos específicos. El sistema no debe imponer gravámenes a las donaciones y los incentivos deben resguardar el costo fiscal. Por último, es fundamental contar con un sistema transparencia activa que fortalezca la confianza en el sistema.
Estos principios son la base de los sistemas de los países OCDE que fomentan activamente las donaciones desde una perspectiva pluralista e inclusiva. Más que avances parciales, es hora de avanzar hacia una ley general de donaciones.
Publicado en El Mercurio.