La modernización económica y el afianzamiento de la democracia, junto con los cambios sociales y culturales que se entrelazan con esos fenómenos, amplían las posibilidades de las personas de desarrollar sus proyectos de vida de la forma que estimen más apropiada. Es la consecuencia de vivir en libertad. La demanda por reconocimiento de esa diversidad es, a su vez, la reafirmación de la igualdad política como ideal democrático. En palabras de Kant, “nadie puede obligar a otro a ser feliz a su manera…, sino que cada uno tiene derecho a buscar su felicidad por el camino que le parezca bueno, con tal de que al aspirar a semejante fin no perjudique la libertad de los demás…”.
Los órdenes políticos modernos no solo tienen que ser testigos de esta diversidad, sino asegurar que sus instituciones no sean un impedimento para su desarrollo y mantengan imparcialidad frente a ellas en el sentido recomendado por el filósofo de Königsberg.
Esta diversidad es bienvenida y, sin dudas, enriquece la vida en común, pero no por ello la exime de tensiones. Las democracias en distintas latitudes tienen dificultades para lidiar con ella. Son varias las razones detrás de esta realidad, pero probablemente un elemento común es la convicción de que habría formas de vida o identidades que son superiores o más legítimas que otras. Sin embargo, los fines que persiguen las personas, y los valores que los sustentan, son múltiples y muchos de ellos, como ha sugerido Isaiah Berlin, inconmensurables y en perpetua rivalidad entre sí.
No hay una manera, si se respeta y reconoce a los individuos, de acomodarlos en un ordenamiento específico único. Ese ejercicio, por lo demás, supondría que nuestras decisiones morales estarían sujetas a meras reglas de cálculo. Esa visión no puede estar más alejada de nuestras experiencias vitales. La tentación, entonces, de privilegiar dicho ordenamiento debe ser resistida. Por lo demás, una moral global, como alguna vez postuló Durkheim, es completamente innecesaria. Los individuos no la requieren para darles sentido a sus vidas. Si algo caracteriza a las sociedades modernas es su capacidad para “producir” precisamente fuentes de sentido.
Así, a pesar de las incertidumbres que caracterizan a las sociedades en que vivimos, la idea de una crisis de sentido generalizada no se sostiene. Con todo, uno no puede olvidar aquello que señalan Berger y Luckmann: “Gracias a las instituciones las sociedades pueden conservar los elementos básicos de sus reservas de sentido. Ellas transmiten sentido al individuo y a las comunidades de vida en que este crece, trabaja y muere”. Por cierto, entienden las instituciones en un sentido amplio. La emergencia de proyectos de vida múltiples e inconmensurables lleva también a una demanda por protección frente a adversidades que escapan a su control.
En una sociedad empobrecida, como ocurría hace 30 años, es posible que nada de esto haya sido demasiado importante. Ahora hay bastante más que perder y las amenazas se multiplican: la delincuencia, la vejez y enfermedades graves, entre otras. La falta de reconocimiento en algunos casos o la ausencia de apoyos para quienes quedan al margen del progreso en otros cobran importancia en una sociedad que se moderniza. Sin instituciones que ofrezcan estas protecciones y redes básicas, esas crisis de sentido pueden emerger.
Más todavía si hay una crisis de confianza generalizada que afecta a las instituciones. La evidencia comparada es bastante sólida en reconocer que esa desconfianza está muy afectada por la percepción respecto de su desempeño. En Chile, en particular, es difícil conceder que ellas se hayan adaptado exitosamente a las transformaciones que ha experimentado el país y que repercuten en el carácter de su ciudadanía. La brecha producida es enorme, y el desafío de cerrarla, complejo. La necesidad de adaptar nuestras instituciones, desde luego las públicas, es evidente. Se debe pensar que es el orden político —no solo la política— el que ha sido incapaz de abordar los desafíos que ha traído consigo la modernización del país.
Por ello, quizás, el principal desafío de la deliberación constitucional próxima es darle forma a un orden político que permita fortalecer esa diversidad y respaldar los distintos proyectos de vida, propios de los cambios que hemos experimentado. Una aparente paradoja es que para lograr este propósito se requieren importantes acuerdos. A veces se subestima su importancia. Pero la realidad es que para darle un sustento estable a esa diversidad requerimos un orden que descanse en instituciones profesionalizadas y de excelencia y una mayor capacidad de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo. Las carencias al respecto son enormes y torna más difícil expandir las posibilidades de todos nuestros ciudadanos. Los acuerdos no son para definir nuestros modos de vida, sino para permitir que ellos se desarrollen en plenitud.
Publicada en El Mercurio.