Señor director:

Próximamente se votará en la sala del Senado la idea de legislar sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Es un momento para reflexionar sobre el objetivo de la iniciativa legal.

La Constitución ordena al Estado proteger la vida del que está por nacer. La Constitución no ordena criminalizar el aborto.

Lo que realmente importa, y lo que debe guiar la interpretación de la Constitución, es que el Estado proteja efectivamente la vida prenatal. Y está comprobado que eso no se logra mediante la penalización del aborto. Si así fuera, sería inexplicable que las tasas más bajas de aborto del mundo occidental las tengan países en que el aborto está despenalizado parcialmente (y siempre bajo las tres causales que se discuten en Chile).

Si el Estado quiere realmente disminuir los abortos debe dar acceso integral y eficaz a la anticoncepción, dar educación sexual desde la infancia temprana, prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres, y crear mejores condiciones para la maternidad y la crianza. Para que el Estado sea efectivo en prevenir el aborto, las mujeres deben acercarse a éste con confianza. Ninguna mujer aceptaría un acompañamiento de parte de un Estado que la estigmatiza como delincuente o la trata como una persona incapaz. Y en los casos extremos como los que regula este proyecto, el Estado debe retraerse y reconocer que la mujer tiene derecho y está mejor capacitada que el Estado para decidir sobre su propio embarazo.

Si las mujeres tienen derechos constitucionales al respeto y garantía de su vida, integridad física y psíquica, salud, intimidad y autonomía, no sigamos vulnerando esos derechos manteniendo una legislación que además fomenta la realización de abortos ilegales. Seamos serios en nuestro compromiso constitucional por disminuir efectivamente las tasas de aborto y en tratar a las mujeres como ciudadanas plenas. No busquemos la satisfacción de sentirnos moralmente superiores a costa de niñas y mujeres. La Constitución no debe usarse para justificar nuestra apatía ante el sufrimiento.

*Carta escrita junto a 41 profesores de derecho.