La OCDE cifra en cerca de 250.000 los distintos instrumentos normativos existentes en Chile, incluyendo leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas municipales. Una cantidad exorbitante para la que, además, no disponemos de un repositorio exhaustivo y que abre una serie de interrogantes. ¿Cuán coherente es esta regulación entre sí? ¿Cuántas regulaciones están obsoletas? ¿Cuántas son las duplicidades e inconsistencias? No lo sabemos.
Lo anterior da cuenta de una maraña regulatoria cuyo navegar puede resultar titánico. En el plano económico esto puede acarrear elevados costos que la literatura comparada sitúa entre 0,5% (Loayza et al. 2005) y 2% (Dawson y Seater 2013) del PIB anual. Dicho de otra manera, una mejor regulación, más simple y coherente, puede significar un salto relevante en productividad.
Es por esto que cabe aplaudir que el gobierno haya mandatado a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) para comenzar a abordar esta discusión a nivel de ciertos sectores económicos. Se trata de tener una política de catastros y revisión regulatoria, que identifique y ordene los instrumentos, detecte sus inconsistencias y proponga simplificaciones.
Como ha señalado la OCDE, nuestro “alto stock de regulaciones y formalidades administrativas acumuladas en el tiempo requiere de revisiones periódicas y actualizaciones para eliminar lo que queda obsoleto y, cada vez que sea posible, simplificar”. Es el camino emprendido con éxito por países desarrollados como Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, pero también por vecinos nuestros como México.
Pero la agenda del Ejecutivo no solo es encomiable por su orientación, sino que también por su forma en tanto sigue lo mejor de nuestra tradición de construir sobre lo positivo obrado por gobiernos de distinto signo. Por un lado, se apoya en un diagnóstico OCDE encargado por el gobierno anterior. Por otro, lo hace mandatando a la CNP, valiosa institucionalidad instaurada por la administración saliente.
La iniciativa del gobierno, encuentra, además, terreno fértil en una serie de propuestas de la sociedad civil. Entre otras, las de modernización del Estado del CEP, las del proyecto crecerjuntoschile.cl formuladas por académicos de las universidades Católica, de Chile y Adolfo Ibáñez o las de la agenda de simplificación regulatoria y reforma del Estado impulsadas por gremios como la Sofofa.
Hay quienes quizás miren con sospecha una agenda de simplificación al entenderla como desregulación. Pero esto es errado. En realidad, una agenda de este tipo puede fortalecer la regulación al hacerla más comprensible, fácil de fiscalizar y eliminar espacios para el arbitraje regulatorio. Todo esto, contribuyendo, por cierto, a disminuir los espacios de discrecionalidad de la autoridad y a entregar mayores certezas a los agentes.
James Madison, uno de los Padres Fundadores de EE.UU., señalaba que de poco le serviría a la gente “tener leyes (normas) tan voluminosas que no hay manera de leerlas o tan incoherentes que no se pueden entender”. Una máxima que, más de dos siglos después, sigue plenamente vigente y que señala la urgencia de reflexionar sobre cómo empezar a desenredar nuestra maraña regulatoria.
Publicada en La Tercera PM.