La tramitación del proyecto sobre despenalización del aborto en tres causales está teniendo un desenlace insólito: una verdadera carrera contra el tiempo, para lograr que el requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) ya anunciado por la oposición, sea revisado antes de su cambio de presidente. De modo transversal, todos asumen que la viabilidad de la iniciativa dependerá, al final, del criterio jurídico y la orientación valórica de una sola persona -el actual o el próximo presidente-; una situación completamente absurda que se agrega a las evidentes señales de deterioro del proceso legislativo y al permanente abuso que los parlamentarios hacen de dicha institución.
En estos días, Alejandro Guillier ha propuesto disolver el TC, sin plantear una alternativa respecto a cómo se resolverían a futuro las controversias sobre la constitucionalidad de las leyes. O será necesario asumir que, para el candidato de la Nueva Mayoría, los eventuales riesgos de inconstitucionalidad de las normas jurídicas dejarían simplemente de existir, con todas las delicadas implicaciones que ello trae de la mano.
En el fondo, lo que comienza a anticiparse es la centralidad que en el contexto de las próximas elecciones va a adquirir otra vez la controversia constitucional. Un desacuerdo que, más allá de la intensidad que asume en distintos momentos, tiene sin duda una base permanente, asociada al cuestionamiento que un importante sector de la sociedad mantiene sobre la legitimidad de origen de la carta magna y en diversas zonas de su diseño institucional.
Luego de la derrota electoral en 2010, la centroizquierda decidió poner el desafío de una nueva constitución en el centro de su programa de reformas. Ello profundizó las divisiones e hizo más difícil abordar con altura de miras la necesidad de hacerse cargo de los verdaderos disensos, algo a lo que la histórica resistencia de la centroderecha tampoco ha contribuido. Lamentablemente, hoy el cambio constitucional corre el riesgo de convertirse otra vez en un caballo de batalla electoral, lo que impedirá abordar con responsabilidad y sentido de Estado las reales diferencias que sobre él existen.
Así, de nuevo estamos frente al mismo escenario, en un país que lleva ya demasiado tiempo alimentando en esta materia los fantasmas y los traumas del pasado. En efecto, convertir a la Constitución en un recurso para saldar cuentas con los adversarios es una mala alternativa, contraproducente además, que solo dificulta el imperativo de hacerse cargo de los desacuerdos reales y sustantivos que en la actualidad cruzan a los actores políticos y a un sector de la sociedad.
Sin ir más lejos, en el actual debate sobre el proyecto de aborto hay implicaciones constitucionales evidentes, entre las cuales está decidir si el texto constitucional debe seguir amparando la vida “del que está por nacer”, o privilegiar más bien los derechos reproductivos de la mujer. De mantenerse las cosas como están, discusiones de esa trascendencia deberán seguir siendo saldadas por una sola persona, el presidente de turno de una institución que el candidato del oficialismo hoy considera mejor eliminar.