El IPoM entregado esta semana por el Banco Central proyecta efectos de corto y mediano plazo de las dos decisiones más relevantes tomadas por país para hacer frente a la pandemia: las ayudas fiscales y los retiros de fondos previsionales. Así, el instituto emisor confirma que el enorme flujo de recursos financieros tendrá un impacto decisivo en el crecimiento económico durante este año, elevando de paso la inflación por encima del rango meta y obligando a un alza de tasas. Sin tener claridad de cuándo se iniciará el repliegue de los aportes del Estado y de si habrá nuevos retiros de ahorro para las pensiones, los impactos del actual cuadro sobre el crecimiento e inversión de los próximos años ya tienden a ser negativos.
Por razones obvias, el informe del BC está centrado en variables cuya incidencia económica es directa, pero de su lectura se desprende que una parte relevante del ciclo descrito tiene como trasfondo el deterioro político que Chile ha enfrentado en los últimos años. La degradación de las instituciones, el debilitamiento de las reglas del juego y del Estado de Derecho, asoman como un ruido ambiente, que explica en parte las menores proyecciones de crecimiento e inversión.
El problema es que nada augura que estos elementos vayan a permanecer estáticos en el corto y mediano plazo. Al contrario, las señales auguran un contexto donde la crisis política e institucional tiende más bien a profundizarse; entre ellas, la violencia en La Araucanía, el flujo de inmigración ilegal en la frontera norte, el importante aumento de población que vive en campamentos o en zonas controladas por el narcotráfico. Se agregan también los efectos de la pandemia en materia de informalidad laboral, el retroceso en la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, la ampliación de las brechas educacionales y el deterioro de la salud mental, entre otras cosas.
Por último, el triste aporte de una clase política que de manera sistemática contribuye a este cuadro apoyando políticas públicas irresponsables como los retiros de fondos previsionales, o esfuerzos de desprestigio institucional como los observados esta semana en contra del propio Banco Central y el Servel. Organismos cuyas decisiones pueden y deben estar sometidas al escrutinio público, pero no a intentos de horadación de su credibilidad. La lógica de la desconfianza en las instituciones, anhelada y buscada por algunos, avanza de forma corrosiva y no es extraño que hoy una de sus víctimas sea la propia Convención Constitucional, donde paradójicamente son importantes algunos actores que la han promovido y justificado.
Cualquiera sea el signo del gobierno que asuma en marzo, deberá enfrentar un período crítico. Y el deterioro político e institucional vivido en el Chile de los últimos años es un factor que solo contribuye a hacer las cosas más difíciles. Apostar a seguir alimentándolo solo agravará las condiciones y las perspectivas de los más vulnerables, algo que a muchos parece no importarle.
Publicada en La Tercera.