Señor Director: Imposible no concordar con la opinión del Dr. Pedro Pérez Cruz en su columna de ayer sobre la necesidad de una “política amplia de acceso a cuidados paliativos que asegure su disponibilidad adecuada y oportuna para todos quienes lo necesiten”. Sin embargo esta necesidad —que debiese expresarse como una exigencia perentoria— no compite contra la necesidad de una política de eutanasia liberal (una que refiere a la voluntad de los afectados), sino que más bien se suma a ella. El que la gran mayoría de los afectados por enfermedades incurables exprese el deseo de que su sufrimiento sea aliviado de modo de “poder vivir con dignidad y sin molestia hasta su deceso”, no es un argumento para negar a los individuos la posibilidad de, en ciertas circunstancias particulares, poner fin a su vida con dignidad y sin molestia; es decir, con la asistencia profesional necesaria y oportuna.

Es un tema que, como mortales que somos, a todos nos atañe. Sin duda, vivir nuestra vida tiene valor e incluso, para muchos, sentido. Pero cuando aquello que para cada uno de nosotros le da valor y sentido a nuestra vida ya no está disponible o está a punto de desaparecer, y la muerte inminente o el tipo de vida posible hasta la muerte, impide que lo esté a futuro, no hay buenas razones normativas para negarle a un individuo la posibilidad de poner fin a su vida accediendo a la ayuda necesaria. Apuntar al valor intrínseco de la vida para negarlo, es confundir el derecho a la vida con la obligación de vivir. Se trata de un último acto de autonomía y dignidad que nadie tampoco el Estado, debiese impedir.

Publicada en El Mercurio.