Son comunes las arengas conservadoras contra proyectos de ley y políticas públicas que acusan de relativismo moral a la izquierda o afirman que esta busca la imposición de un punto de vista de la moralidad. En ocasiones, todo esto va junto. A modo de ejemplo –que reúne muchas de estas críticas–, en una senda carta al director de El Mercurio, el senador Moreira acusa a una “izquierda profunda” de un “relativismo moral” que apunta a “imponer una visión de la moralidad” al promover “valores” que “no representan el espíritu nacional”. Esto lo deduce del manual de sexualidad adolescente de la Municipalidad de Santiago; del proyecto de aborto en tres causales; del anuncio de Gobierno de querer “avanzar en el matrimonio homosexual”; y de la adopción homoparental (otra “batalla” que viene, nos dice). A pesar del exceso retórico, Moreira se equivoca en todo.
Primero: los “valores” que se pueden relacionar con las leyes y políticas mencionadas no son de izquierda, sino más bien liberales. Que muchos representantes de izquierda los hagan hoy suyos, es contingente, no “ideológico” como Moreira afirma. (Es cosa de mirar la historia: los compañeros rara vez han constituido la avant-garde de las luchas por los derechos civiles de los homosexuales). Y que muchos de derecha rechacen estos valores, se debe al conservadurismo que la suele caracterizar en Chile.
Segundo: estos “valores” no expresan relativismo moral, sino más bien firmes posiciones normativas –que tienden a relacionarse, de uno u otro modo, con la autonomía individual (por esta razón no hay que buscar a los paladines de estos valores en la izquierda tradicional)–. Sin duda, estas posiciones normativas no son las del senador. Pero supongo que él no reclama para sí el monopolio de la moralidad no relativa (a menos que suponga que todas las posiciones normativas distintas a las suyas son relativas, porque yerran con la verdad que él, mediante conversión, buen juicio u otra vía, ya ha reconocido).
Tercero: las leyes y políticas mencionadas no buscan “imponer una visión de la moralidad”. Considere el manual de educación sexual adolescente. Este entrega información sobre prácticas sexuales, haciendo hincapié en los factores de riesgo asociados y cómo prevenirlo o controlarlo, sin realizar juicios acerca del valor de las distintas prácticas, dejando de este modo a los padres la tarea (o a iglesias u otras asociaciones en caso de padres que las externalicen) de pronunciarse frente a sus hijos acerca del valor de las distintas prácticas.
Son el senador Moreira, la senadora Van Rysselberghe o el senador Ossandon los que deben discutir con los suyos acerca del valor de las relaciones sexuales anales u otras que les quiten el sueño. Y considere el proyecto de aborto en tres causales y el matrimonio igualitario: la ley no los torna obligatorios, sino que los posibilita, subordinándolos a la voluntad de los individuos. Así que el senador puede estar tranquilo: nadie estará bajo la obligación de contraer nupcias con una persona del mismo sexo, o de abortar, aunque se encuentre en alguna de las dramáticas situaciones que el proyecto de ley establece como condición.
Los proyectos de ley y políticas públicas señalados no intentan “imponer una visión de la moralidad”. Las argumentaciones usuales para afirmar lo contrario son de tres tipos: 1) ellos permiten que la ley no sancione lo moralmente incorrecto; 2) ellos cambian el valor del vínculo legal y así implican coacción; 3) ellos envían señales sobre el valor moral e incluso incentivan cursos de acción inmorales. Considerémoslos uno a uno:
El primer tipo de argumento se suele presentar en el caso del proyecto de aborto en tres causales. Este haría posible que legalmente se realicen abortos, lo que, de acuerdo a una parte de la población, sería inmoral. Pero hay buenas razones a favor de este proyecto: en los casos que el proyecto establece la aplicación de la ley general prohibitiva implica –entre otros– imposición estatal de riesgos a la propia vida (primera causal); de niveles extremos de sufrimiento inconducente (segunda causal); y violación de la integridad sexual de la mujer (tercera causal). Todo lo cual supera aquello que justificadamente nos podemos exigir mutuamente. En este proyecto de ley no hay más imposición de una visión de la moralidad que la que se desprende de la razonabilidad de los tres argumentos presentados.
El segundo tipo de argumento se suele presentar en el caso del matrimonio igualitario: extender la institución del matrimonio heterosexual a las parejas homosexuales implicaría degradar el vínculo, y así implicaría un tipo de coacción al imponer en aquellos heterosexuales que se quieren casar (y que están contra la extensión) una institución de valor degradado. Recuerde al ex senador Larraín, cuando afirmaba que no había diferencias relevantes entre las relaciones homosexuales y la zoofilia.
La estructura del argumento es similar a la estructura de los argumentos usualmente presentados contra el divorcio: al incluir la ley esta posibilidad, se degrada el vínculo matrimonial, e indirectamente se impone (lo que se entiende como coacción) un vínculo moral de valor degradado en aquellos que quieren hacer uso de él. En realidad, aquí no hay imposición de una visión de la moralidad. La ley no obliga a nadie a casarse y la ley no obliga a nadie a separarse. La extensión de la institución del matrimonio heterosexual se debe a que no hay ninguna razón atingente, más allá de prejuicios y gustos discriminatorios, para no hacerlo.
El tercer tipo de argumento se ha presentado recientemente con motivo del manual de educación sexual adolescente. También en una carta a El Mercurio, afirma Jorge Peña Vial (decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes), que al no emitir juicios valorativos sobre las diferentes prácticas sexuales el manual las considera de valor equivalente. Es decir, habría un juicio ético detrás de la supuesta neutralidad informativa del manual. Este argumento admite varias lecturas.
Sin duda la mejor (es decir, la más productiva para aquellos que lo esgrimen) es que ya la confrontación con información tiene consecuencias. Así, basta informar acerca de la existencia de ciertas posibilidades, para adoctrinar. Por ejemplo, en Mozert v. Hawkins County Board of Education, los padres de una escuela objetaron el uso de ciertos textos en un libro utilizado para enseñar a leer.
Entre los textos de lectura objetados, estaba uno que describía a un niño que se divertía cocinando mientras una niña le leía en voz alta una parte del Diario de Ana Frank, así como un pasaje que describía la idea central del Renacimiento como la creencia en la dignidad y valor de los seres humanos. Además, criticaron un texto que describía un asentamiento católico de indios en New Mexico.
El ejercicio de lectura, en el cual un niño prepara una tostada mientras una niña lee en voz alta, fue criticado porque “denigra las diferencias entre los sexos” que la Biblia aprueba. Contra el Diario de Ana Frank, argumentaron que ella escribió que una creencia no ortodoxa en Dios sería mejor que ninguna creencia. Contra el Renacimiento como creencia en la dignidad y valor de los seres humanos, argumentaron que esa creencia sería incompatible con su propia creencia religiosa. Por su parte, la descripción del asentamiento indio enseñaría catolicismo. De acuerdo a los padres, ya la transmisión de conocimientos implicaría un tipo de adoctrinamiento a favor de una creencia. De modo similar, el que un manual de educación sexual informe (sin juicios valorativos) sobre diferentes prácticas, ya implicaría un tipo de posición a favor de ellas.
En realidad, si la educación tiene algo que ver con generar las condiciones que hacen posible la autonomía individual, estos argumentos son impresentables. Entre muchas otras cosas, generar estas condiciones implica que se debe tener conocimiento acerca de las opciones relevantes. No es el manual el que implica adoctrinamiento, sino que es la estrategia de transmisión de las propias creencias mediante el ocultamiento del mundo. Una estrategia que, por lo demás, deja entrever una enorme inseguridad acerca de la posibilidad de que prevalezcan las propias posiciones valorativas (una inseguridad injustificada: no hay escuela de adoctrinamiento más exitosa que las familias).
Cuarto: dependiendo de la causal, el apoyo al proyecto de aborto varía entre el 78 y el 73%; el 61% apoya el matrimonio igualitario; y el 44% la adopción homoparental. Así que, al menos en estos aspectos, el “espíritu nacional” –en su variante empírica– se ve bastante reflejado (sobre todo su lado joven, al desglosar por grupos etarios). Según el senador Moreira esto se debe a “presiones” y “agresiones” de grupos minoritarios, que “convencen a buena parte del país”. Sin duda, el “espíritu nacional” del senador es supraempírico –pero entonces nos debiese confiar cuáles son sus condiciones de accesibilidad.