La crisis sanitaria está teniendo efectos económicos devastadores: al millón y medio de empleos perdidos hay que sumar un millón 200 mil personas que salieron del mercado de trabajo, sin esperanza de encontrar uno en el corto plazo, y los más de 700 mil que se han acogido a la ley de protección del empleo, o sea, están viviendo del seguro de cesantía. Sumadas las tres categorías, los que han dejado de trabajar en estos meses se ubican por encima del 20% del mercado laboral.
En paralelo, la quiebra de empresas y la caída en la inversión confirman un cuadro de deterioro sin precedentes en las últimas cuatro décadas, que anticipa un aumento de la pobreza y la precariedad en importantes segmentos de la población. La expectativa de que el fin de los confinamientos implique una recuperación rápida ha comenzado a diluirse: la crisis será larga y, en el caso de Chile, uno de los factores claves de dicha recuperación es el político, es decir, no tiene relación directa con la pandemia ni con las restricciones a la movilidad.
Es algo que, por razones obvias, muchos han preferido dejar en la trastienda: entre octubre y enero la crisis social provocó la destrucción de más de 300 mil empleos y la quiebra de cientos de empresas; antes del coronavirus, el Banco Central ya anticipaba una caída de la inversión de -4% para este año. En el último IPoM, la cifra llegó a -15%. En simple, los niveles de inversión que se van a requerir para enfrentar la debacle son un desafío gigantesco, que se hará aún más difícil si no existen niveles mínimos de confianza. Esa confianza supone reglas del juego que hoy están bajo fuego cruzado.
Así, cuando la presidenta del Senado afirma que no tiene inconvenientes en violar la Constitución, cuando parlamentarios de todos los sectores promueven iniciativas inadmisibles, o cuando líderes de opinión se solazan afirmando que las bases de nuestra institucionalidad son un cadáver, lo que están haciendo -en el fondo- es dinamitar toda posibilidad de restablecer grados mínimos de confianza. En rigor, resulta un total contrasentido exigir medidas para aliviar la situación de aquellos que están siendo afectados por el deterioro económico y, al mismo tiempo, socavar las condiciones para que la recuperación sea posible. Si hay algo que el proceso constituyente deberá cuidar ahora de manera prioritaria es no hacer todavía más difícil que en los próximos años el país pueda alcanzar los niveles de inversión requeridos para salir del abismo.
En resumen, si los actores públicos no están en condiciones -o derechamente no quieren- restablecer niveles mínimos de confianza en el estado de derecho y en las reglas institucionales, sus llamados a preocuparse de los más vulnerables no son más que cantos de sirena. El principal desafío que hoy enfrenta la sociedad chilena pasa por el respeto a las normas establecidas, aun si legítimamente se aspira a modificarlas. Lo otro, no es más que seguir profundizando el daño.
Publicada en La Tercera.