En el marco del proceso por financiamiento ilegal de actividades políticas que se sigue en su contra en Brasil, el expresidente de la constructora OAS, Léo Pinheiro, reconoció un aporte de más de $100 millones a la última campaña de Michelle Bachelet. En rigor, los antecedentes de esa donación ya estaban en manos de la fiscal a cargo del caso en Chile -Ximena Chong-, quien desde hace tiempo dispone de las facturas emitidas a OAS por el exrecaudador de dicha campaña, Giorgio Martelli.
La confesión de Pinheiro reinstaló a la expresidenta en el centro de una controversia que no solo implica el financiamiento ilegal de su propia campaña, sino también de otras que abarcaron a prácticamente todo el espectro político -presidenciales y parlamentarias-, y cuyo desenlace fue una de las más impresionantes operaciones de encubrimiento e impunidad de la historia reciente, un caso de maquinación transversal que involucró a importantes esferas de poder y organismos públicos.
Los primeros antecedentes de financiamiento ilegal tuvieron un alcance preciso, acotado al grupo Penta y a la UDI, lo que fue visto desde el gobierno de Bachelet como una oportunidad de oro para golpear al partido de derecha. Desde el exministro Peñailillo para abajo, distintos actores del oficialismo de aquel entonces atizaron una verdadera hoguera pública, que incluyó la formalización de los controladores del grupo empresarial, transmitida casi por cadena de televisión un sábado en la mañana.
Pero la fiesta no duraría mucho: los antecedentes que empezaron a conocerse después llegaron hasta las orillas de la precampaña de la propia Mandataria, lo que obligó a un veloz giro en la estrategia de La Moneda: desactivar toda posibilidad de que Impuestos Internos presentara querellas por los eventuales delitos tributarios, realizar gestiones políticas para que la Fiscalía Nacional se inhibiera de seguir adelante investigando las nuevas aristas asociadas, dado que entre, otras cosas, no había requerimientos del órgano recaudador.
Sin embargo, ya era tarde: la campaña de Bachelet estaba gravemente comprometida y la única forma de salvar a la jefa de Estado era sacrificar a su ministro del Interior y exjefe de su comando. La versión oficial ofrecida a la opinión pública sostuvo que Peñailillo nunca informó a Bachelet que sus actividades proselitistas habían sido financiadas de manera ilegal por empresas extranjeras como OAS y nacionales, entre ellas, la controlada por el exyerno de Augusto Pinochet. El país tuvo que dejarse convencer, además, de que Bachelet nunca tuvo la ocurrencia de preguntar a su hombre de confianza de dónde habían salido los recursos para hacer todo lo que se hizo frente a sus ojos durante meses.
La caída de Peñailillo y los demoledores efectos que esta trama tuvo en la imagen de Bachelet sirvieron para recomponer un equilibrio roto a partir del caso Penta. Así, con daño efectivo y potencial a ambos lados del espectro, terminaba de instalarse el imperativo transversal de tapar y hacer desaparecer todo rastro de financiamiento irregular. Una nueva legislación sobre la materia fue ofrecida también como tributo al silencio y a la impunidad consumada, algo que las recientes declaraciones de Pinheiro vinieron a romper y que deberá, por tanto, ser velozmente restaurado.
Es la razón de por qué los casos de financiamiento ilegal de la política han tenido en Chile resultados tan distintos a los observados en Brasil, Perú, Argentina o Colombia.
Publicada en La Tercera.