Aunque la respuesta pudiese parecer obvia, debemos recordar que seguimos igual que antes. En estricto rigor, La Haya rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar una salida soberana y le dio la razón a nuestro país.

Esta resolución, a mi juicio, y contrario a lo que uno pudiera pensar, refuerza la idea de que la Corte Internacional de La Haya, lejos de ser una corte de justicia imparcial, resuelve los casos no sólo considerando los argumentos jurídicos, sino, además, los elementos políticos.

Me explico. Un fallo contrario a los intereses de Chile, sumado a la resolución negativa en contra de nuestro país en la demanda que entabló Perú por el límite marítimo, habría provocado que la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá hubiera sido insostenible por parte de las autoridades.

En esta misma línea, la actitud de Evo Morales, la parafernalia, la falta de prudencia en sus declaraciones, fueron señales que la Corte no podía dejar pasar. La Haya corría el riesgo de transformarse en un espacio para hacer demostraciones de fuerza en cada uno de los juicios y abrir la puerta para una larga lista de demandas similares a las de Bolivia.

Respecto a la política interna, en el caso de Chile, aunque el triunfo es relativo, insisto en que seguimos igual que antes. La ganancia es en el ámbito interno. Haber llevado a cabo una línea de defensa durante tres periodos presidenciales distintos es una muestra de madurez política y de que sí es posible implementar políticas de Estado más allá de los colores políticos. Un ejemplo a seguir en otras áreas, como salud y educación.

Por el contrario, Evo Morales, en el ámbito interno, queda expuesto luego de haber creado falsas expectativas en torno a un fallo que, de haber sido positivo, sólo podía obligar a Chile a negociar, una victoria pírrica, pero manejable. Ahora, ni siquiera esa obligación existe. Ha llegado el momento de que el pueblo boliviano le pida cuentas a su Presidente de cuánto le ha costado a su país este show internacional. Conocer, por ejemplo, cuánto le pagó el Estado boliviano al abogado español Antonio Remiro Brotóns, uno de los ideólogos detrás de esta demanda. Si tomamos como referencia a Chile, el costo de la defensa ascendería a unos U$ 23 millones de dólares. Una fortuna que se pierde en abogados, asesores, viajes, etc., como si no hubiese otras necesidades.

Esperemos que, por el bien del pueblo boliviano, su Presidente deje de jugar con ellos, utilizando a Chile como excusa. Hay que levantar el velo y hacer entender que si quieren acercarse al mar, lo primero que deben hacer es validar su causa con el pueblo chileno que es quien, al final de cuentas, aceptará o rechazará un acuerdo con Bolivia en el futuro. Y para lograrlo deben seguir una política contraria a la de Evo Morales de atacar, increpar e inventar mentiras contra nuestro país. Mientras esto no ocurra, el enclaustramiento será permanente.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.