Durante la semana, un reconocido columnista radial se quejaba del insuficiente ambiente electoral que reinaba en el país. Argumentaba que la restructuración de las unidades territoriales, los cambios al financiamiento y las limitaciones a la propaganda estarían invisibilizando campañas y favoreciendo incumbentes.
Lo planteado por el columnista no es para nada intrascendente. Las reformas recientemente implementadas parecían buscar el establecimiento de ciertos parámetros éticos y normativos que impidieran una lucha descarnada por el poder. Sin embargo, efectivamente podrían estar teniendo algunas consecuencias negativas, las que serían incluso más profundas que las identificadas.
No nos perdamos. Es evidente que la transparencia y la probidad debiesen ser intensamente protegidas en cualquier votación. Ese no es el error, sino más bien que actuemos como si fueran los únicos elementos que importan en los procesos electorales. Bajo una mirada tan restrictiva como esta, resulta lógico que se propongan legislaciones prohibitivas y sancionatorias, donde cualquier acción de campaña termina siendo vista como un eventual foco de corrupción y de aprovechamiento. Parecen ir en esta línea aquellos juristas y economistas que han reprochado las dinámicas publicitarias que se han ido gestando en los últimos años. De alguna u otra forma, ven la comunicación electoral como un claro intento de manipulación de los votantes, los cuales, al parecer, quedarían demasiado indefensos frente a estos embates.
El problema de esta visión -que es la que parece primar en el contexto nacional- es que prescinde de cualquier efecto cívico de los actos de campaña, los cuales han sido reiteradamente probados en la literatura comparada. Distintos investigadores han sugerido que la época electoral sería el momento en que el individuo se encuentra más activo políticamente. Autores como Freedman, Franz y Goldstein han profundizado este punto, sosteniendo que las campañas contribuyen derechamente a una ciudadanía más informada, comprometida y participativa. En esta línea, encontramos incluso una mirada subyacente. En un reciente estudio, académicos daneses han sugerido que las acciones electorales no sólo incidirían en esa esfera conductual ligada a la participación, sino que también impactarían positivamente en aspectos actitudinales más profundos, como el interés político y la “eficacia política”.
¿Y qué es la “eficacia política”? Pues aquella sensación subjetiva de que el sistema responde ante los intereses ciudadanos. En otras palabras, hablamos de la percepción de permeabilidad del sistema, de la cercanía de la institucionalidad. Y así es como todo toma otro sentido, pues ambas actitudes – interés y eficacia – han sido históricamente asociadas a los fenómenos de desafección política.
De esta forma, la falta de ambiente electoral y las “campañas invisibles” – bien caracterizadas por el columnista radial – no sólo beneficiarían a los incumbentes, sino que también significarían un verdadero desaprovechamiento de una eventual herramienta para combatir la apatía y la desidia ciudadana. Entonces, si en verdad nos importa la desafección, debiésemos tomarnos la publicidad electoral en serio.