En política no existen las balas de plata. Es decir, no existen propuestas o medidas que cumplan todos los objetivos socialmente deseables. Algunas serán buenas en un sentido, pero malas en otro; mientras que las que son malas en el primer sentido pueden ser buenas en el segundo. Los actores políticos, sin embargo, intentan la ciudadanía de que sus propuestas y medidas son buenas en todos los niveles posibles. Eso es, usualmente, falso.
Algo parecido está ocurriendo en la discusión sobre la jornada laboral. Derecha e izquierda postulan sus proyectos como si fuesen capaces de conjugar las evidentes tensiones que los atraviesan. Si bien la flexibilización de la jornada propone el gobierno— es positiva para muchas ocupaciones, es innegable que para otras genera los clásicos problemas asociados a la asimetría del poder negociador entre empleador y empleado. Si bien la reducción de la jornada -como propone la oposición—es positiva para que los trabajadores puedan disfrutar, entre otras cosas, de más tiempo libre con sus familias, perfectamente podría significar un costo para muchas empresas —grandes y chicas— y eventualmente un sacrificio de la productividad. En resumen, ambos proyectos permiten proyectar beneficios, pero también tienen sus puntos ciegos.
Lo políticamente honesto es reconocer esos puntos ciegos y justificar normativamente por qué hay que bancárselos. Es decir, construir un argumento que no mienta ni oculte los eventuales costos, sino que los asuma en nombre de los valores superiores que encarnan los beneficios proyectados. Por ejemplo, el gobierno podría reconocer que flexibilizar la jornada laboral podría generar escenarios de precarización pero que, en el agregado, es la dirección obligada que debe tomar una economía que busca revitalizarse. Del mismo modo, la bancada transversal por las 40 horas podría transparentar que tiene escaso control sobre la reacción del mundo empresarial y que más de alguno podría quedarse sin trabajo.
Esto no significa que los dos proyectos sean igual de buenos o igual de malos. Significa que la decisión final que tomemos depende de una evaluación sobre el tipo de sociedad que queremos. Esa evaluación, en último término, es principalmente ideológica y no meramente técnica. No tiene ningún sentido acusar al adversario político de defender un proyecto ideológico se han acusado ambos bando en forma cruzada=si la razón final por la cual se promueven dichos proyectos es legítimamente ideológica, es decir, representa una manera de comprender el mundo que asigna a unos valores que a otros. Todos quieren libertad, justicia, igualdad, paz, solidaridad, etcétera. Todas las ideologías, en este sentido no-marxista del término, se constituyen a partir de estos ingredientes, pero cada fórmula ideológica tiene una receta distinta. En algunos casos será más importante la libertad, en otros casos la igualdad, en otros tantos la paz social, y así sucesivamente.
El caso de la reforma a la jornada laboral no es, en el fondo, distinto. El gobierno tiene una convicción ideológica respecto de la importancia de reactivar la economía dándoles mayor libertad a los empleadores, en la esperanza de que dicha reactivación sea beneficiosa para todos en el agregado. Es la misma convicción que trasunta su reforma tributaria. Esa no es una posición puramente técnica, en el sentido de que no descansa sobre la constatación empírica de la efectividad de la política del chorreo. Por supuesto que la derecha cree que el chorreo funciona, pero aunque no funcionara todo lo bien que cree, la convicción ideológica sobre la importancia de la libertad económica no se ve alterada. La oposición, por su parte, tiene la convicción ideológica de que no todo es trabajo en la vida, en la esperanza que trabajadores más plenos en otras áreas de su vida sean también más productivos en el lugar de trabajo. Tampoco es una posición estrictamente técnica. Si bien hay correlaciones entre salud mental y productividad laboral, es posible que en Chile no aumente un ápice la productividad, sino todo lo contrario. Pero tampoco sería el fin del mundo, desde esta perspectiva ideológica. Hay cosas más importantes que el crecimiento, sentenció la ex presidenta Bachelet, haciendo frente a las críticas por los magros números de su gestión económica. Lo dijo cuando se rechazó el proyecto minero Dominga. La ocasión fue propicia. Bachelet construía así una coartada plausible para explicar el bajo crecimiento de su segundo gobierno: hay cosas más importantes, entre ellas, la protección medioambiental. Esa decisión, entre crecimiento económico y protección medioambiental, por mencionar solo un ejemplo, es finalmente una evaluación política que se toma desde un marco ideológico determinado.
Por eso es tan importante que los actores políticos no mientan, ni omitan evidencia ni datos empíricos, para que los ciudadanos podamos desentrañar y evaluar las verdades razones que motivan sus propuestas. Estas razones no son ideológicamente neutras ni de mero sentido común, como algunos pretenden. Están ligadas a una cierta prelación de valores. Eso es completamente normal en sociedades pluralistas, donde las personas tienen legítimas discrepancias sobre lo que constituye una vida buena. Lo que no es normal es encontrar balas de plata que resuelvan todos los problemas y se conecten con todas las aspiraciones normativas.
Publicada en Revista Capital.