Hace poco más de un mes, el fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias abrió un sumario en contra del fiscal Sergio Moya. La razón: en el contexto de las indagaciones sobre la Operación Huracán, el fiscal Moya se habría reunido en “forma particular” con los ahora ex generales de Carabineros Gonzalo Blu y Bruno Villalobos, a los que, según una versión de prensa, habría entregado una “asesoría” para enfrentar la crisis institucional. Respuesta del fiscal Moya: una acusación de vuelta en contra del propio Arias, por presunta obstrucción a la justicia en la causa abierta en contra de dos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua; además lo acusa de tráfico de influencias para beneficiar al exsíndico Herman Chadwick en una arista del caso Caval, y de ocultamiento de antecedentes en la indagatoria por malversación de fondos que se sigue en contra del alcalde de Rancagua y militante UDI, Eduardo Soto.
Esta semana se conoció también un mensaje telefónico en el que, antes de asumir su actual cargo, el ministro Andrés Chadwick le habría solicitado al alcalde Soto apoyo comunicacional para el fiscal Arias, el mismo al que, casualmente, Moya hoy le imputa haber favorecido a Herman Chadwick en el caso Caval. Y no es todo: también según versiones públicas y por razones no aclaradas, en su momento el gobierno habría “sondeado” al fiscal Arias para ofrecerle nada menos que el cargo de Subsecretario de Prevención del Delito.
Estos y otros antecedentes conocidos en los últimos días solo pueden llevar a concluir que nuestro sistema de persecución penal y administración de justicia atraviesa uno de sus más delicados momentos desde el retorno a la democracia; un cuadro donde la opinión pública ya no puede distinguir entre disputas de poder y antecedentes fidedignos, procedimientos legales e intervención política. Un laberinto en el que hoy están involucrados desde fiscales regionales a ministros de corte de Apelaciones, un secretario de Estado, un alcalde en ejercicio, y no sabemos quiénes más. Un caso que agrega un peldaño más al cuadro de deterioro institucional que vive el país, que en el último tiempo ha socavado la confianza en Carabineros, el Ejército, los tribunales de Justicia y, ahora, en los fiscales. En los actores políticos y en el Congreso la confianza ya no se deteriora porque, simplemente, hace rato dejó de existir.
La pregunta entonces es cómo y quién puede en estas condiciones hacer las cosas mínimas necesarias para empezar a revertir esta compleja y preocupante realidad. ¿El gobierno, algún sector de la oposición, los fiscales y jueces que hoy asumen el desafío de investigar los hechos recientemente conocidos? ¿O al final terminaremos como en Italia o en Ucrania, depositando lo poco y nada que queda de confianza en comediantes y humoristas?
Un país que hace una década reinició un ciclo de polarización, donde los consensos construidos a lo largo de la transición terminaron de desaparecer y que ahora está siendo, además, sometido a un creciente deterioro institucional y una consecuente crisis de confianza. No es muy difícil anticipar hacia donde lleva todo esto. Es cosa de mirar el vecindario.
Publicado en La Tercera.