Este marzo político se viene con todo. Cuando comienza nuevamente el año parlamentario entramos además en un periodo especialmente álgido, en el que La Moneda y la Presidenta Michelle Bachelet se lanzan a recorrer sus últimos 365 días de gobierno y, por otro lado, los candidatos a sucedería entran ya en tierra derecha para las elecciones de noviembre.

Para los parlamentarios, este marzo se inicia también con el peso de la reelección sobre sus hombros, lo que marcará gran parte de su gestión este año. Pero además, en el caso del oficialismo, con la discusión en el Congreso de los proyectos de ley que aún están inconclusos y que forman parte de las iniciativas que la Nueva Mayoría quiere ver convertidos en realidad.

Entre esos proyectos, están -sin duda- las iniciativas que faltan en torno a la elección de los gobernadores regionales: la reforma a la Ley Orgánica Constitucional, la Ley de Transferencia de Competencias y la de Rentas Regionales.

Estos cuerpos legales son esenciales para que la iniciativa sea un hecho, pues son los que regularán las inhabilidades, competencias y plazos en que regirá la norma que ya fue aprobada en enero. El consenso respecto de que esta autoridad sea electa es amplio, sin embargo, no existe acuerdo en el detalle de sus atribuciones y prerrogativas. Y aquí es donde habrá que poner atención.

Porque en los últimos años, ha sido un tema habitual la discusión de iniciativas y reformas que generan gran expectación pero cuya concreción y puesta en forma termina convirtiéndose en un disparo en los pies para el mundo político. Sin ir muy atrás, basta ver lo que está sucediendo con la flamante ley de estacionamientos, que pretendía regular las injusticias en el cobro de este servicio y que afectaban directamente los bolsillos de los consumidores. Si bien la iniciativa debía ser una ayuda para los ciudadanos, terminó, en muchos casos, convertida en todo lo contrario: hoy los conductores se quejan de que pagan aún más que antes de que existiera la ley. Incluso el doble.

Lo mismo ha sucedido con otras leyes, cuyos errores han salido a la luz poco tiempo después de su puesta en marcha. En algunos casos, los traspiés han sido solucionados con normativas posteriores y, en otros, simplemente el desaguisado ha quedado tal cual, pese a no ser -ni por mucho- lo que se esperaba.

¿Por qué, si el Parlamento discute a conciencia los proyectos la realidad dista de la expectativa? Lamentablemente, muchas veces se trata de desprolijidad de los propios diputados y senadores, que no han visto los “baches” en los proyectos o que -a menudo- se han dejado llevar por las luces y los escenarios de una iniciativa mediática, sin mirar siquiera los conflictos en los textos.

Ahora, ad portas de la discusión del detalle que regirá para la elección de gobernadores, no puede pasar lo mismo. La máxima es: gobernador regional sí, apuro no.

En primer lugar, no se puede poner la carreta delante de los bueyes, no es el momento político para hacerlo. Parece mentira que cuando todavía nadie sabe qué atribuciones, recursos ni competencias tendrá la autoridad, ya tengamos figuras candidateándose para ocupar el cargo. ¡Si ni siquiera sabemos qué podrá y qué no podrá hacer el nuevo intendente! Cuando son los propios parlamentarios los que empiezan a hacer público su deseo de ser candidatos -con lo que, además, se convierten en interlocutores con conflictos de interés en el tema-, se produce un viraje de la conversación que es nocivo para su profundidad y transparencia. Ya no hablamos de qué podrá hacer el intendente, de los recursos que tendrá para ejercer su cargo (¿qué pasará con las platas, por ejemplo, si el máximo jefe regional es de oposición?), ni de la relación que tendrá con el delegado presidencial, sino que la tertulia política y ciudadana se concentra en la posibilidad de que “perico de los palotes” termine postulando al cargo…

La discusión debe ser exactamente al revés. Debe comenzar por tener claro para qué queremos elegir a esta autoridad. Si bien se trata de una medida largamente deseada por las regiones y que claramente es un símbolo de la necesaria descentralización del país, nada se saca si finalmente esta figura se convierte en un puesto absolutamente decorativo, sin atribuciones concretas ni recursos, pero con infinidad de figuras políticas dispuestas a repartirse el botín. En este caso -y en el de todos los proyectos que pasarán por el Congreso este 2017- es necesario poner atención en lo que se está legislando. Porque las regiones queremos elegir a nuestras autoridades. Pero a tontas y a locas, no.