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CEFIS UAI y otros 15 centros de estudios publican propuesta para Ley General de Donaciones

Expertos proponen 10 principios para una legislación que impulse y fortalezca la sociedad civil.

5 de octubre de 2020

El Centro de Filantropía e Inversiones Sociales UAI (CEFIS) junto a otros 15 centros de estudios -CEP, Horizontal, Fundación Chile 21, Fundación para el Progreso, Un Camino Posible, Espacio Público, Fundación P!ensa, Instituto Libertad, Idea País, CIEPLAN, Centro Democracia y Comunidad, Instituto Igualdad,  Libertad y Desarrollo, Instituto Estudios de la Sociedad y Res Pública - se unieron en una mesa transversal y publicaron una propuesta de ley general de donaciones orientada al fortalecimiento de la sociedad civil. El documento  elaborado por Magdalena Aninat, directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales UAI; Gloria De la Fuente, presidenta de Fundación Chile 21; Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos; Armando Holzapfel, Consejero de la Fundación Para el Progreso; Victoria Hurtado, directora de Espacio Público; Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal y Javiera Parada, co-fundadora de Un Camino Posible, junto el equipo de investigación del CEFIS, integrado por Rocío Vallespín y Rodrigo Villar, hace un análisis de la legislación actual, del estado de las donaciones en Chile y evidencia la necesidad de simplificar el sistema para el fortalecimiento de la sociedad civil, proponiendo 10 principios para una ley general de donaciones.

El panorama actual

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) contribuyen a canalizar la participación de la ciudadanía en la vida pública y contribuir al bien común, ayudando a comprender que lo público y el desarrollo sostenible no es únicamente rol del Estado, sino tarea de todos. En el siguiente documento, elaborado por diversas instituciones, se expone una propuesta que busca avanzar hacia un nuevo marco legal integral para las donaciones orientado a impulsar las contribuciones y fortalecer la sociedad civil.

Chile tiene un dinámico ecosistema de organizaciones de la sociedad civil (OSC), que de acuerdo a estudios crece a una tasa de 8.9% al año contando al 2020 con más de 319.000 entidades, de las cuales casi el 10% son fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Se estima que el sector representa más del 2% del PIB del país y genera más de 300 mil empleos, representando el 3.6% de la población económicamente activa del país. (Sociedad en Acción, Centro Políticas Públicas UC, 2018 y 2020).

Aportes en recursos monetarios y voluntariados de ciudadanos y empresas privadas constituyen una importante fuente de ingresos para las OSC, aunque según datos del SII, durante los últimos cinco años las donaciones se han estancado en un margen cercano a los 160 mil millones de pesos anualmente. A esto se suma que no todas las OSC admisibles para recibir recursos los están recibiendo y que menos del 30% de las empresas y del 20% de los ciudadanos realizan voluntariado. (Primer Barómetro de Filantropía, CEFIS UAI, 2019). El panorama empeora al integrar datos recabados a raíz de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus. El 63.5% de las OSC admiten no contar con los recursos para terminar el año, el 61% de las entidades que reciben donaciones institucionales reportan una disminución de ingresos y el 71% de las organizaciones que reciben aportes de socios y personas naturales ha reducido sus ingresos. (COS, PwC, Lealtad Chile, 2020).

El papel del marco legal

La legislación es fundamental para el desarrollo de la filantropía porque puede facilitar o entorpecer la capacidad de las organizaciones para recibir aportes privados. En ausencia de una política pública integrada, hoy en Chile existe una "dispersión normativa", con más de 60 cuerpos legales que regulan las donaciones, donde están incluidas 10 leyes con incentivos para ámbitos específicos, excluyendo otros relevantes como medioambiente, salud y derechos humanos, entre otros. Dado el panorama, las OSC han adoptado una mirada crítica al respecto: casi el 50% declara que el sistema actual no es entendible ni para donantes ni para donatarias; 64% sostiene que participar del sistema no es simple y un 65% considera que el sistema es ineficiente a la hora de aumentar las donaciones. (Primer Barómetro de Filantropía, CEFIS UAI, 2019).

Como evidenció el estudio recientemente publicado por el CEFIS, "Hacia un nuevo marco legal para las donaciones en Chile: análisis comparado entre Chile, América Latina, OCDE", la legislación chilena está lejos de la de países OCDE y de otros países de la región que sí cuentan con un marco integrado, amplio, con elementos de reportabilidad y transparencia que generan confianza en el sistema de donaciones.

Por todo lo anterior, los centros de estudios proponen una Ley General que entregue un marco común que incentive las donaciones y que contribuya a ampliar el espacio cívico y la participación de las OSC en la vida democrática de Chile, cumpliendo con estos 10 principios: simpleza y certeza, beneficio público como criterio central, inclusión, salvaguardias y exclusiones, establecimiento de incentivos movilizadores para las donaciones, centrarse en instituciones y no en proyectos, supervisar y promover desde el Estado la participación en el sistema, transparencia activa y finalmente, largo plazo, gradualidad y flexibilidad.

*El documento se puede descargar AQUÍ.

5 de octubre de 2020

El Centro de Filantropía e Inversiones Sociales UAI (CEFIS) junto a otros 15 centros de estudios -CEP, Horizontal, Fundación Chile 21, Fundación para el Progreso, Un Camino Posible, Espacio Público, Fundación P!ensa, Instituto Libertad, Idea País, CIEPLAN, Centro Democracia y Comunidad, Instituto Igualdad,  Libertad y Desarrollo, Instituto Estudios de la Sociedad y Res Pública - se unieron en una mesa transversal y publicaron una propuesta de ley general de donaciones orientada al fortalecimiento de la sociedad civil. El documento  elaborado por Magdalena Aninat, directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales UAI; Gloria De la Fuente, presidenta de Fundación Chile 21; Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos; Armando Holzapfel, Consejero de la Fundación Para el Progreso; Victoria Hurtado, directora de Espacio Público; Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal y Javiera Parada, co-fundadora de Un Camino Posible, junto el equipo de investigación del CEFIS, integrado por Rocío Vallespín y Rodrigo Villar, hace un análisis de la legislación actual, del estado de las donaciones en Chile y evidencia la necesidad de simplificar el sistema para el fortalecimiento de la sociedad civil, proponiendo 10 principios para una ley general de donaciones.

El panorama actual

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) contribuyen a canalizar la participación de la ciudadanía en la vida pública y contribuir al bien común, ayudando a comprender que lo público y el desarrollo sostenible no es únicamente rol del Estado, sino tarea de todos. En el siguiente documento, elaborado por diversas instituciones, se expone una propuesta que busca avanzar hacia un nuevo marco legal integral para las donaciones orientado a impulsar las contribuciones y fortalecer la sociedad civil.

Chile tiene un dinámico ecosistema de organizaciones de la sociedad civil (OSC), que de acuerdo a estudios crece a una tasa de 8.9% al año contando al 2020 con más de 319.000 entidades, de las cuales casi el 10% son fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Se estima que el sector representa más del 2% del PIB del país y genera más de 300 mil empleos, representando el 3.6% de la población económicamente activa del país. (Sociedad en Acción, Centro Políticas Públicas UC, 2018 y 2020).

Aportes en recursos monetarios y voluntariados de ciudadanos y empresas privadas constituyen una importante fuente de ingresos para las OSC, aunque según datos del SII, durante los últimos cinco años las donaciones se han estancado en un margen cercano a los 160 mil millones de pesos anualmente. A esto se suma que no todas las OSC admisibles para recibir recursos los están recibiendo y que menos del 30% de las empresas y del 20% de los ciudadanos realizan voluntariado. (Primer Barómetro de Filantropía, CEFIS UAI, 2019). El panorama empeora al integrar datos recabados a raíz de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus. El 63.5% de las OSC admiten no contar con los recursos para terminar el año, el 61% de las entidades que reciben donaciones institucionales reportan una disminución de ingresos y el 71% de las organizaciones que reciben aportes de socios y personas naturales ha reducido sus ingresos. (COS, PwC, Lealtad Chile, 2020).

El papel del marco legal

La legislación es fundamental para el desarrollo de la filantropía porque puede facilitar o entorpecer la capacidad de las organizaciones para recibir aportes privados. En ausencia de una política pública integrada, hoy en Chile existe una "dispersión normativa", con más de 60 cuerpos legales que regulan las donaciones, donde están incluidas 10 leyes con incentivos para ámbitos específicos, excluyendo otros relevantes como medioambiente, salud y derechos humanos, entre otros. Dado el panorama, las OSC han adoptado una mirada crítica al respecto: casi el 50% declara que el sistema actual no es entendible ni para donantes ni para donatarias; 64% sostiene que participar del sistema no es simple y un 65% considera que el sistema es ineficiente a la hora de aumentar las donaciones. (Primer Barómetro de Filantropía, CEFIS UAI, 2019).

Como evidenció el estudio recientemente publicado por el CEFIS, "Hacia un nuevo marco legal para las donaciones en Chile: análisis comparado entre Chile, América Latina, OCDE", la legislación chilena está lejos de la de países OCDE y de otros países de la región que sí cuentan con un marco integrado, amplio, con elementos de reportabilidad y transparencia que generan confianza en el sistema de donaciones.

Por todo lo anterior, los centros de estudios proponen una Ley General que entregue un marco común que incentive las donaciones y que contribuya a ampliar el espacio cívico y la participación de las OSC en la vida democrática de Chile, cumpliendo con estos 10 principios: simpleza y certeza, beneficio público como criterio central, inclusión, salvaguardias y exclusiones, establecimiento de incentivos movilizadores para las donaciones, centrarse en instituciones y no en proyectos, supervisar y promover desde el Estado la participación en el sistema, transparencia activa y finalmente, largo plazo, gradualidad y flexibilidad.

*El documento se puede descargar AQUÍ.