La prensa no debe confundir su legítimo papel de fiscalizar al poder o incluso de exigir una buena rendición de cuentas con entregar información que no es de interés público.
El gobierno escucha a los expertos, pero no está políticamente obligado a seguir sus recomendaciones. Esto no significa que las normas, medidas y políticas públicas no deban apoyarse en evidencia.
Pareciera ser un contrasentido, pero pese a toda la información que tenemos, muchos prefieren seguir estancados en los mismos mitos y leyendas de hace varios siglos.