El Código Penal chileno, encargado de definir cuándo alguien debe ser castigado penalmente y el contenido de las penas, no ha sufrido modificaciones estructurales desde al año 1974. Si bien han habido esfuerzos anteriores en este sentido, a través de comisiones formadas durante los años 2005, 2013 y 2015,  el nuevo proyecto para adecuarlo a la actual realidad del país aún no ve la luz.

Este año y con el firme propósito de finalmente modernizar el sistema penal, se formó una nueva comisión que se encuentra trabajando desde comienzos del 2018 y que cuenta con nueve penalistas de diversas posturas políticas: Jorge Bofill, Héctor Hernández, Jaime Couso, Juan Domingo Acosta, Alex Van Weezel, Francisco Maldonado y los académicos de la UAI Antonio Bascuñán, Juan Pablo Cox y Javier Wilenmann.

“Estamos trabajando con mucha libertad y esperamos que nuestro trabajo culmine pronto, terminando en lo que nos respecta a nosotros durante las primeras semanas de septiembre”, afirma Wilenmann quien agrega que el actual Gobierno está muy interesado en este anteproyecto.

Los cambios que traería la aprobación de un nuevo Código Penal tendrían un gran alcance, debiendo ser considerados separadamente en al menos tres ámbitos: criminalidad común, organizada y económica.

En el primer ámbito, referido ante todo a delitos violentos y delitos contra la propiedad, la reforma permitiría precisar las categorías tradicionales, llenar vacíos legales y podría contribuir a racionalizar el funcionamiento del sistema de justicia penal. “En el ámbito de la criminalidad común, un sistema de justicia penal necesita generar modos de distribución de las penas que optimicen el uso de los recursos estatales a partir de criterios de necesidad y merecimiento de pena correctamente definidos”, sostiene Wilenmann.

Las modificaciones más importantes frente al estado actual de la ley se encontrarían, sin embargo, en los otros dos ámbitos. En el caso de la criminalidad organizada, la Comisión considera que es necesario generar un estatuto común con condiciones claras de aplicación y que genere efectos relevantes en el combate a esta clase de actividad. “El fortalecimiento del rol del Estado en este ámbito es central, ya que aquí otros modos de persecución y otras consecuencias, tales como poder privar rápidamente de ingresos y ganancias a la organización, son fundamentales”, comenta el académico UAI.

En cuanto a la criminalidad económica los integrantes de la propuesta quieren poner al día el sistema chileno con los estándares internacionales, principalmente en países como Alemania, Suiza, Francia y otros países europeos. “Estamos con una legislación obsoleta, llena de vacíos en esta materia. Ella genera además percepciones de impunidad. En Chile actualmente si una condena es inferior a cinco años y no hay reincidencia, se aplica una pena sustitutiva, es decir sin cárcel, lo que genera una extendida sensación de falta de consecuencias por realizar delitos integrados en la economía ordinaria”, afirma el abogado especialista en reglas e instituciones penales.

Los miembros UAI de esta comisión creen que la  recepción de este trabajo será positiva por parte del Gobierno que primero lo evaluará y discutirá con diversos ministerios, para posteriormente presentarlo como proyecto al Congreso. “Si bien con este anteproyecto por cierto no se va a solucionar el problema de la delincuencia, sí creemos que podría cambios positivos mayores en la regulación penal y en el funcionamiento del sistema de justicia. Estamos por ello optimistas sobre su recepción en todo el espectro político”, concluye Wilenmann.